Cuidar la democracia

Cuanto más profundos y complejos sean los procesos de transformación que viva una sociedad, más decisivas serán las citas en las urnas. Colombia se prepara para las elecciones locales del próximo 27 de octubre en un marco de ansiedad, expectativa e incertidumbre por el rumbo de la implementación de los acuerdos con las Farc. Hecho político y social como pocos ha habido en la historia del país, pero, sobre todo, hoja de ruta para construir la anhelada paz estable y duradera.

A lo relacionado con la paz hay que sumar el acecho del crimen organizado a las instituciones en algunas regiones del país, que en los últimos días ha arreciado. Poderosas estructuras que se nutren de las rentas que dejan el contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal, principalmente, tienen en la mira los cargos de elección popular en las zonas donde hacen presencia y han enviado el mensaje de que están dispuestas a llegar muy lejos en la barbarie con tal de atemorizar a quienes les resulten incómodos. Saben que su actuar delictivo se facilitaría si consiguen cooptar estas autoridades y a las corporaciones públicas: concejos, juntas y asambleas. Son las mismas máquinas de muerte que se han ensañado contra los líderes sociales.

Si quedaba alguna duda de las aguas tormentosas por las que deberá navegar la democracia en los meses venideros, esta se despejó con el dato revelado esta semana por la siempre confiable Misión de Observación Electoral (MOE) de que la cifra de candidatos asesinados, cinco, ya igualó la de los comicios locales precedentes, celebrados en 2015. El caso más reciente fue el de la aspirante a la alcaldía de Suárez, Cauca, por el Partido Liberal, Karina García. Murió masacrada junto con cinco personas más el fin de semana pasado, en un hecho atroz que sacudió al país y prendió, con razón, las alarmas sobre las condiciones de seguridad para estas justas.

En su informe más reciente, la MOE deja muy claro cuál es el panorama del que se derivan los retos para las autoridades. Antes de la fecha límite para la inscripción de candidaturas, 43 precandidatos ya habían sido objeto de actos violentos, y resultaron muertos nueve de ellos. Desde el inicio de la contienda, el pasado 27 de julio, esta misión tiene registro de más de una veintena de episodios de este tipo, dato que se suma al de los 15 aspirantes que han recibido amenazas directas y al de las 25 situaciones de amenazas colectivas mediante panfletos. Ciento cuarenta y seis municipios, que constituyen el 13 por ciento del total nacional, han sido escenario de agresiones a líderes y candidatos desde el 27 de octubre del año pasado, cifra que se complementa con la entregada a este diario por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, de 114 municipios sobre los que el Gobierno tiene puesta la mira por su alto nivel de riesgo para los contendores.

Debe anotarse que estos comicios son los primeros de carácter regional en efectuarse tras la firma del acuerdo del teatro Colón. No es un hecho menor, toda vez que buena parte de la implementación de dicho texto entra en la órbita de los entes territoriales. Esto en cuanto a políticas públicas, pero también es claro que la apuesta del nuevo partido Farc comienza por ganar terreno en el plano de los concejos, de las asambleas y de las alcaldías. De ahí la importancia de mantener a raya a quienes quieren incidir con actos sangrientos en los resultados de estas elecciones, pues de conseguir sus objetivos estarían dándole un golpe muy fuerte a esta fase de implementación de lo firmado.

Frente a estas realidades, el llamado tiene que ser a que las autoridades hagan la tarea y protejan debidamente a los candidatos en riesgo. En particular, con acciones de prevención y mitigación, más que de reacción. El Plan de Acción Oportuna, diseñado por el Ejecutivo para contrarrestar las muertes de líderes sociales, debe ser un referente en este propósito de ir un paso por delante de los criminales. La MOE, a través de su directora, Alejandra Barrios, habló también de la importancia de las comisiones de seguimiento electoral, de una mesa de trabajo con las organizaciones políticas y de mecanismos para generar oportunamente alertas tempranas. Hay áreas particularmente críticas, como el departamento del Cauca, en donde a los esfuerzos de protección individual se tiene que sumar un despliegue de pie de fuerza. En otros lugares se requiere que los responsables de las labores de inteligencia evalúen hasta qué punto los panfletos utilizados para las amenazas colectivas representan un peligro real o si solo pretenden generar zozobra.

Lo que se haga en este frente está en manos de las autoridades. Pero hay otro, cuya suerte depende de la gente. Un voto informado y responsable que premie a los candidatos y candidatas que en mayor medida garanticen la prevalencia del interés general sigue siendo la mejor arma contra el acecho de los poderes mafiosos.

EDITORIAL