Defender a la niñez

El país se vio conmovido de nuevo este jueves con la escalofriante y repudiable noticia del homicidio de Sofía Delgado, la niña de 12 años que fue asesinada y desaparecida, en Candelaria, Valle, por un abusador de menores que había quedado en libertad por vencimiento de términos. Este doloroso episodio, otro más, no puede quedarse apenas en las repetidas –y, por lo visto, inocuas– expresiones de indignación social y en el clamor de justicia, que desde luego tiene que haberla.

Otra vez, un crimen de una niña que se pudo evitar. Brayan Campo, el asesino y depredador, poco antes del secuestro de Sofía intentó raptar a otra niña, que por un golpe de suerte logró escapar. Fue su denuncia –la tardanza para actuar frente al señalado agresor aún no ha sido suficientemente explicada– la que finalmente llevó a la Policía hasta Campo, quien confesó el crimen e indicó a las autoridades el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la niña.

Esta es una tragedia, no solo para una familia, sino para todo un país. Porque el de Sofía Delgado hace parte de una larga lista de nombres –375 este año, con corte a agosto, tres casos cada dos días– de menores de edad asesinados en Colombia en diferentes circunstancias en este 2024.

Y, aunque los resultados de la necropsia están aún por revelarse, es más que probable que ella ingresará también a la dolorosa cifra de víctimas de delitos sexuales en el país. Con corte a septiembre, según datos del Ministerio de Defensa, se habían reportado 25.426 denuncias. Al menos nueve de cada diez víctimas son mujeres y niños y niñas cuya desprotección antes de los hechos victimizantes y después, durante los procesos judiciales, es un baldón para la sociedad.

No tiene presentación, menos justificación, que en los casos de depredadores sexuales la inoperancia de la justicia termine devolviendo a la calle a los potenciales criminales. Y no puede ser que cuando esto sucede no haya una sola autoridad que se preocupe por hacer el respectivo seguimiento, para evitar nuevas víctimas. Léase para evitar abusos o salvar vidas de los menores.

Y por eso adquieren más sentido los temores y las críticas al hecho de que en aras de una política criminal que se entiende desde la protección de las personas privadas de la libertad, pero que sacrifica derechos de las personas victimizadas, Fiscalía, Ministerio de Justicia y Corte Suprema persistan en la propuesta de eliminar la prohibición establecida en el Código de Procedimiento Penal de conceder incluso principios de oportunidad frente a delitos en los que las víctimas son menores de edad. Es el momento de que esa idea sea revisada a la luz de la señal equívoca que enviaría a una sociedad que debe proteger a sus niños.

Los autores de esa propuesta, que tienen sus argumentos, no pueden desatender la realidad nacional, que tantas veces choca con muy bien intencionadas iniciativas que, como reza el adagio, parecen más pensadas para Dinamarca que para Cundinamarca.

Un país que, está demostrado, sigue fallando tan gravemente en proteger los derechos de sus niños en la vida diaria no puede darse el lujo de aumentar esa desprotección por la vía normativa. Que no haya más Sofías Delgado no puede volverse una frase de cajón. Aquí el acecho a la niñez es tenebroso y se necesitan prevención, protección y castigo.