Después de la recepción

Hace pocos días el Departamento istrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó los resultados de la quinta ronda de la encuesta Pulso de la migración. Esta medición aborda las condiciones generales de vida y las percepciones de la población migrante venezolana en el país, así como de colombianos retornados, para contar con mejor información en el diseño de las políticas públicas.

La radiografía del Dane refleja una compleja situación del migrante, con s a servicios sociales y de salud, pero con retos en materia laboral, de seguridad alimentaria e inclusión financiera. Esta información llega en momentos en que el Gobierno Nacional sigue en medio del proceso de la entrega final de permisos de protección temporal (PPT), hoy en trámite, y que son necesarios para la completa regularización de decenas de miles de venezolanos en Colombia. Hay que destacar ese esfuerzo.

Los datos de la organización nacional estadística ratifican que la decisión del gobierno anterior de extender una bienvenida humanitaria a más de 2,5 millones de habitantes del país vecino fue, a la larga, la más acertada. El 81,7 por ciento de los migrantes manifiestan su intención de “permanecer en Colombia”, y el 81,5 por ciento considera que el país “ofrece buenas condiciones laborales, de vida y de estudio”. De hecho, el 64 por ciento está afiliado al sistema de salud y siete de cada diez migrantes que requirieron atención médica pudieron acceder al servicio.

En materia laboral, la situación para los venezolanos en Colombia merece atención. Si bien el 60 por ciento reporta estar trabajando, el 81,5 por ciento cuenta con un contrato “verbal” de trabajo. Es decir, su condición es vulnerable y sujeta a abusos o a situación de informalidad. Tanto para un puesto de trabajo como para salud o cupo educativo para los menores, los migrantes requieren sus permisos totalmente en regla. Aunque Migración Colombia amplió los plazos, es perentorio avanzar con el 37,4 por ciento de esa población que no cuenta con ningún documento de regularización.

La bienvenida que la sociedad colombiana les brindó a los venezolanos al inicio de esta crisis migratoria ha dejado de ser tan fraterna. Según la más reciente encuesta Invamer de junio, dos de cada tres colombianos rechazan la decisión de expedir los permisos de protección y el 70 por ciento no está de acuerdo con la intención de los migrantes de “quedarse” en el país. Aunque, según el Dane, el 26 por ciento de ellos se han sentido discriminados por su condición, lamentablemente el accionar delictivo de un pequeño grupo de venezolanos ha erosionado de alguna manera la positiva recepción inicial.

Más allá de la postura del Gobierno colombiano frente al régimen de Nicolás Maduro, la política migratoria nacional debe sostener el abordaje humanitario que la ha caracterizado y que le permitió enfrentar la segunda crisis de migrantes más grave del mundo en años recientes. Quedan por resolver complejos retos como la escasez de recursos de la cooperación internacional –algo que sigue siendo una necesidad urgente–, la mayor agilidad en la regularización y el manejo en la selva del Darién, atravesada por más de 243.000 migrantes irregulares en 2022. Un panorama que requiere atención estratégica debido a que estos fenómenos no saldrán pronto de los desafíos sociales de nuestro país.

EDITORIAL