Doble impunidad

La narrativa es penosa. El pasado 27 de abril se cumplió el aniversario 25 de la masacre en la cárcel nacional Modelo de Bogotá, que se cobró la vida de 32 personas privadas de la libertad. Una cifra que los investigadores estiman mucho mayor si se suman quienes fueron torturados, despedazados y desaparecidos dentro del penal, en medio de una macabra guerra entre guerrilla, paramilitares y delincuencia común.

Lo ocurrido ese 27 de abril fue un punto de quiebre atroz, consecuencia de años de descontrol y gobernanza criminal en una cárcel que sufría de un hacinamiento del 150 por ciento. Para entonces, estos tres bandos tenían control casi absoluto del centro penitenciario debido, en parte, a la complicidad de elementos corruptos de la guardia penitenciaria. Era un centro de operaciones en pleno corazón de la capital: sus cabecillas habían adecuado sus celdas con todo tipo de lujos, y al penal entraban personas que en muchos casos terminaban ajusticiadas por los criminales.

Un cuarto de siglo después y no obstante las múltiples líneas de investigación abiertas, lo ocurrido en la Modelo está en la impunidad y los males de fondo persisten. Así como no ha habido justicia, tampoco se ha dado la no repetición. Puede que hoy la situación no tenga tintes tan dramáticos como los del 2000, pero allí el hacinamiento sigue siendo la norma –hoy ronda el 70 por ciento–, así como las deplorables condiciones de reclusión de los privados de la libertad y el dominio de organizaciones que extorsionan desde ahí y controlan todo tipo de negocios ilícitos. Basta recordar el reciente asesinato de su director, el coronel en retiro Helmer Fernández, además de los 24 muertos que dejó el motín del 21 de marzo de 2020. Muertes que, como en el primer caso, hoy siguen siendo objeto de investigación.

Y si la impunidad marca estos hechos, en especial la masacre del 27 de abril, este es también el triste denominador de la respuesta de la justicia colombiana ante la posterior violación, tortura y secuestro de la editora de Género de este diario, entonces periodista de El Espectador, Jineth Bedoya. Duele dar cuenta de su decisión, anunciada el lunes pasado, de renunciar a acompañar judicialmente los procesos que siguen abiertos en la Fiscalía y que 25 años después no han conducido a dar con los máximos responsables de su secuestro, a pesar de las sólidas evidencias aportadas por ella misma. “Mi aspiración de justicia ha muerto”, declaró. Un panorama desesperanzador que confirma que la Corte IDH hizo lo correcto al condenar al Estado colombiano y ordenarle ejecutar trece medidas de reparación colectivas e individuales. Aquí sigue habiendo muchas piezas a la vista y es vergonzoso que la justicia no haya sido capaz de armar el rompecabezas, no obstante el eco internacional que este caso ha tenido.

Los procesos, algunos de los cuales en el caso de Jineth Bedoya apuntan a altos oficiales de la época, deben seguir. La justicia tiene que llegar para cerrar heridas. De ella y de todas las familias que perdieron a sus seres queridos el 27 de abril de 2000. Y debe llegar también la hora de que los centros de reclusión en Colombia sean lugares de redención y rehabilitación y no universidades del crimen. Mejor tarde que nunca.

EDITORIAL