Son realmente desafortunadas las noticias, que hay que registrar cada vez con más frecuencia, sobre obras para beneficio de la gente que se truncan o aplazan. Pocas cosas perjudican tanto la confianza de la ciudadanía en quienes la gobiernan como estos hechos. Es una suerte de correa de transmisión que se rompe y cuesta mucho reparar: los contribuyentes sacan de su bolsillo, con grandes esfuerzos las más de las veces, con la esperanza de que sus recursos se traducirán en una mejora de su calidad de vida.
Todo lo anterior para lamentar lo que está ocurriendo con las obras de valorización en Bogotá. Una contribución que aprobó el Concejo hace ya un lustro por 900.000 millones de pesos para poder llevar a cabo 16 obras, de las cuales solo una, el ciclopuente del canal Molinos, a estas alturas ha sido entregada a satisfacción. Las restantes presentan graves demoras, y hay dos en las que el Distrito tomó la decisión de terminar los contratos.
Esto sucedió con el puente peatonal de la carrera 9 con 112 y con los andenes de las calles 73, 79B y 85. Una mirada a ambos procesos deja ver un cúmulo de fallas indignantes: estudios mal hechos, contratistas sancionados que por las grietas de Colombia Compra Eficiente siguen habilitados para participar en la contratación estatal, otros sin experiencia alguna, contratos que de repente se ceden a otras firmas e interventores que no hicieron su tarea, permaneciendo callados cuando eran evidentes los incumplimientos. Ahora, en ambos casos, la ciudadanía deberá ser aún más paciente y aguardar a que el IDU abra nuevos procesos de licitación.
Es inaceptable que esto ocurra y no queda sino esperar que los organismos de control y, de ser preciso, la justicia actúen con sanciones ejemplarizantes. Y hacer votos para que esta experiencia traumática por lo menos deje lecciones hacia el futuro, aun a sabiendas de que el daño más grave, el de la confianza de la gente, ya está hecho.
EDITORIAL