El preocupante aumento de muertes y heridos en accidentes de tránsito –que según proyecciones serias al finalizar el año podrían alcanzar las impresionantes cifras de 900.000 lesionado y 9.000 víctimas letales– también desnuda la situación que atraviesa una de las herramientas más útiles, creada para cubrir estos siniestros desde el plano sanitario: el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat).
Aunque suena lógico que este seguro debe amparar los siniestros, independientemente de su número, dado que fue diseñado para tal fin y que no habría razón para hablar de una desfinanciación si las variables que condicionan su funcionamiento son bien manejadas, lo cierto es que estas premisas cada vez están más lejos de cumplirse a raíz de factores que –en su mayoría– terminan desviando los recursos a bolsillos de verdaderos delincuentes.
Por supuesto, hay que insistir sin tregua para que las autoridades revisen y refuercen las medidas tendientes a prevenir estos accidentes, que al tenor de los números muestran graves fallas, pero también resulta imperativo ponerles fin a las prácticas que atentan contra la estabilidad y sobrevida del Soat. Para empezar, hay que hablar de la descarada evasión que permite que centenares de vehículos circulen sin este requisito, principalmente motocicletas, que representan un porcentaje significativo de los siniestros. De igual forma, hay que eliminar de tajo los traslados irregulares de las víctimas de accidentes de tránsito, que muchas veces son sometidas a largos recorridos para ser atendidas en entidades que, de manera indebida, parecen haberse especializado en este tipo de pacientes.
Por supuesto, hay que insistir sin tregua para que se revisen
y refuercen
las medidas tendientes a prevenir los accidentes
Lo anterior sin olvidar que también se registran volúmenes inaceptables de eventos diferentes a accidentes de tránsito que son cubiertos a través de las pólizas, en medio de un fraude que acaba siendo tolerado no solo por los cobradores, sino por los pacientes.
Las autoridades también han denunciado duplicación en los cobros a las aseguradoras, al punto de que en ocasiones varias de ellas reciben facturas simultáneas por el mismo paciente o las reclamaciones de dos hospitales distintos a compañías diferentes por la atención a una misma persona que se reporta accidentada en sitios distintos en un mismo día.
En esta comparsa delictiva el gremio de las aseguradoras (Fasecolda) también ha puesto en evidencia que bajo esta sombrilla de amparo se facturan servicios innecesarios y la aplicación de protocolos sin evidencia, simplemente para aumentar los costos del siniestro en una práctica que ha demostrado aumento del riesgo para las personas. A esto se suma el cobro por procedimientos y radiografías o exámenes que no se realizan, lo mismo que sobrefacturaciones y la utilización de pólizas prestadas, falsas o adulteradas para la reclamación de una indemnización que terminan, según el gremio asegurador, poniendo contra la pared las finanzas de un instrumento que tiene como esencia compensar, de paso, los menguados recursos del sistema de salud en general.
Las autoridades tienen la palabra: cerrar las grietas por donde se filtra toda esta corrupción sobre el Soat es apuntarle a garantizar también el derecho fundamental a la salud.
EDITORIAL