Consensos, así cueste

La segunda crisis ministerial del actual gobierno sacudió al país esta semana. El rumbo que tomó la pugna en torno al trámite de la reforma de la salud en el Congreso llevó al presidente Gustavo Petro a tomar la decisión de relevar de sus cargos a 7 de sus ministros. Esto con el fin de enviar el mensaje político de que la coalición con otros sectores diferentes a los que lo apoyaron para llegar a la Casa de Nariño había llegado a su fin. Aunque legítima, no deja de ser una decisión lamentable porque echa por tierra el discurso de llamado a la unidad con el cual el mandatario inició su gestión.

La crisis ministerial, que incluyó la remoción de ministros de importante trayectoria, voces respetadas dentro y fuera del gabinete como José Antonio Ocampo (Hacienda) y Cecilia López (Agricultura), generó un verdadero terremoto político que alcanzó a la economía. La salida de Ocampo, que, además, coincidió con unas declaraciones del recién nombrado presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre la decisión de la empresa de no firmar nuevos contratos de exploración, repercutió en los mercados. La caída de la acción de Ecopetrol y una nueva subida del dólar, junto con una disparada de la prima de riesgo del país –lo que le cuesta a Colombia endeudarse en los mercados– fueron noticia.

De vuelta a la política, es claro que este tipo de movidas, propias de un sistema como el nuestro, son un instrumento para que el Presidente logre o recupere margen de gobernabilidad. Ahora bien, en la historia reciente las crisis ministeriales aparecen como episodios esporádicos y con el fin de dar pasos hacia la unidad. Aquí ya estamos ante la segunda en poco más de ocho meses de Gobierno, y no queda claro que estos cambios apunten hacia la necesaria búsqueda de consensos con los demás partidos. El mensaje que envían viene más en clave de confrontación que de óptima gestión.

Esto último es fundamental. En una situación como la que hoy vive el país, la apuesta por la atomización y el atrincheramiento detrás de dogmas es equivocada. Es necesario tender puentes y buscar lo que hay en común entre las fuerzas políticas para lograr acuerdos a través de la deliberación en el Congreso y garantizar así la legitimidad de las reformas, por más tiempo que tome y esfuerzos que demande.

El Presidente no puede caer en el error de pretender gobernar únicamente en sintonía con las pretensiones y visión de la sociedad del sector que lo apoya. Tiene, al contrario, el deber de agotar esfuerzos para incluir a todos los demás. Su triunfo en las urnas, inobjetable, no es, al menos en nuestro sistema democrático, una carta blanca para imponerse ante otro poder institucional, como el Congreso, antes que concertar, para dividir antes que unir. Ahora surge el agravante de que no solo son alejados de su proyecto de sociedad quienes desde el comienzo no lo habían apoyado, sino también sectores llamados de centro que fueron importantes en la contienda electoral para su victoria. Por supuesto que Petro debe cumplirles a sus electores, pero esta responsabilidad debe armonizarse con los caminos de democracia y que incluyen frenos y contrapesos que están ahí no por capricho, sino para garantizar que el ganador de unas elecciones sea legítimo representante de toda una nación, no solamente de quienes lo respaldaron.

De cara a lo que asoma en las próximas semanas, el llamado al Presidente es a perseverar en la búsqueda del consenso a través de la deliberación. Este camino, reiteramos, puede ser más tortuoso y es innegable que implica tropiezos con viejas y censurables costumbres de algunos sectores políticos, pero garantiza que los cambios que surjan sean legítimos, con un impacto real y concreto mucho mayor en la vida de la gente. En este sentido, apostarle a la radicalización en una coyuntura compleja, con factores externos que apremian y acechan, confunde a la opinión pública, genera incertidumbre y una sensación generalizada de pérdida de rumbo y ansiedad sobre el camino del país.

No es, por lo tanto, aconsejable este atajo que tiende hacia un peligroso escalamiento de la hostilidad en el discurso, acompañada de movilizaciones callejeras, más en un innegable ambiente de polarización como el que se vive. Optar por la calle en lugar del Congreso como escenario para medir fuerzas quizás le traiga algunos réditos en el corto plazo al Ejecutivo, pero a la larga es fatal para el país y para la democracia. No suena coherente con un gobierno que pretende la reconciliación, que busca la paz total, una fórmula que se aferre a mensajes de imposición que profundizarán las heridas y agudizarán las tensiones. Esto es lo que muy seguramente ocurrirá si se insiste en imponer antes que concertar. El acuerdo y el diálogo nunca serán muestra de debilidad, sino de grandeza.

EDITORIAL