El interés general

Tras 21 días de agitación social como consecuencia del paro nacional, los bloqueos en más de treinta puntos de la red vial nacional han generado una muy grave afectación para millones de colombianos. En esa medida, el ciudadano de a pie, afectado, ve acertada la decisión del presidente Iván Duque de pedirle a la Fuerza Pública que intervenga en esos lugares donde se mantienen las barreras que impiden la libre circulación. Hay que confiar en que quienes hoy realizan los bloqueos piensen en el perjuicio enorme a la sociedad. Llegado el caso, el procedimiento tendrá que hacerse, como lo reafirmó el mandatario, “dentro de la proporcionalidad” y con un estricto cumplimiento de los protocolos que tiene la Fuerza Pública para estas situaciones y que garantizan el respeto a los derechos fundamentales de las personas. En vista del actual contexto, que es bien conocido, los de la Policía y, de ser necesario, del Ejército tienen hoy de cara a la sociedad una responsabilidad aún mayor de honrar el uniforme mostrando un comportamiento impecable.

De vuelta a las vías cerradas, no solo causan escasez de bienes básicos de la canasta familiar o la disparada de sus precios, también la falta de combustible y el impacto que estas barricadas terminan teniendo en el aparato productivo del país. Esto, a la larga, se traduce en pérdida de empleos en un momento tan crítico para una economía que venía dando señales de recuperación tras el brutal impacto de las medidas para contener la pandemia de covid-19. El Gobierno, por intermedio de del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, tasó el golpe en 8,2 billones de pesos –hasta la semana pasada–, mientras que Fenalco ha hablado de pérdidas diarias por 150.000 millones de pesos.

Y hay que añadir algo no menos importante: estos son, ante todo, una amenaza contra la libertad de circulación de las personas, un derecho fundamental, además de lo ya mencionado sobre cómo dificultan o en algunos casos –como ocurre en zonas del suroccidente colombiano– imposibilitan del todo acceder a alimentos y a suministros esenciales. Se puede añadir también todo lo que implica el constante bloqueo de sistemas de transporte como TransMilenio, lo que obliga a sus s a emprender largas caminatas para poder regresar a sus hogares. Y esto es inaceptable desde cualquier punto de vista.

Para ser claros: cuando las acciones de quienes ejercen el derecho a la protesta empiezan a afectar de tal manera derechos fundamentales de las personas, que es lo que hoy sucede en el país, el Estado debe recurrir a las herramientas que la ley y la Constitución le brindan, con el fin de que prevalezca el interés general. Manifestarse, demostrar inconformismo en el espacio público y en las vías es algo a lo que cualquier ciudadano tiene derecho, siempre y cuando este ejercicio no derive en una afectación de la magnitud que esta ha tenido.

Hay que añadir que esta decisión presidencial no es excluyente con lo urgente que resulta avanzar en la negociación ya en marcha y, en general, en un diálogo franco y fructífero entre el Ejecutivo y aquellos sectores, los jóvenes en particular, que de manera pacífica y creativa piden que su voz sea escuchada.

EDITORIAL