El fallo contra Chiquita

Fue un juzgado de West Palm Beach, Florida, el que resolvió una demanda de nueve familias colombianas en contra de la empresa bananera Chiquita Brands por su apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia en Urabá y Córdoba a finales del siglo pasado. Estas familias perdieron a seres queridos, víctimas del accionar de los paramilitares.

Los jurados declararon responsable a la empresa en ocho de los nueve casos, no obstante el argumento de esta compañía, consistente en que con la entrega de este dinero buscaban proteger a sus trabajadores. Por el contrario, las víctimas sostuvieron, y así lo consideraron los jurados, que Chiquita les dio dinero a los paramilitares a sabiendas de sus actividades ilegales. Se trata de un proceso civil, no penal, y la condena será una millonaria suma –38 millones de dólares– que irá a las familias.

Todo, después de un largo proceso que tomó 18 años. Al cabo de este tiempo, la justicia estadounidense reconoció la vulnerabilidad de las víctimas y dejó claro que los 1,7 millones de dólares que la bananera les pagó a las Auc le permitieron a esta organización consolidar su poder y su control sobre estas zonas, con un saldo de sangre, dolor y heridas aún abiertas que el país conoce pero quizás todavía no dimensiona lo suficiente. Es de esperar que decisiones como estas sienten un precedente que en adelante rompa cualquier vaso comunicante entre sectores formales y grupos violentos al margen de la ley en Colombia, pero también en otros países.

Y tan importante como lo anterior, incluso más, es que la decisión ratifica que es por medio de las vías institucionales como se pueden cerrar heridas y no a través de declaraciones sin evidencias concretas que protagonistas de esta crueldad paramilitar lanzan a la opinión pública generando confusión sobre hechos que no han sido probados, y sin acudir para ello a los mecanismos judiciales disponibles.

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