El fallo de Doña Juana

Un tribunal de arbitramento puso fin al pleito que desde hacía varios años sostenían la Alcaldía de Bogotá, a través de la Unidad istrativa de Servicios Públicos (Uaesp), y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana, que funciona en el sur de la capital. Todo por reclamaciones que el segundo pretendía, dada una insuficiencia financiera derivada de las tarifas que le fueron autorizadas entre 2010 y 2018 y que, según la empresa, no cubría los gastos por la disposición de basuras y el manejo de lixiviados.

Tales perjuicios fueron tasados por CGR en 1,2 billones de pesos, algo así como el presupuesto de Bucaramanga. El gobierno de Bogotá sostenía lo contrario: el consorcio es el responsable de no haber hecho bien los cálculos financieros a la hora de asumir el negocio y por tanto no tiene derecho a reclamar “un peso”, como lo dijo en un debate en el Congreso la alcaldesa Claudia López.

A fin de cuentas, el tribunal dio su veredicto: el Distrito tendrá que pagar 65.000 millones de pesos a CGR, menos del 5 por ciento de lo que aspiraba recibir inicialmente. Esto porque, según el laudo de 1.300 páginas, es la indemnización que corresponde por costos e inversiones que asumió el consorcio y que no fueron cubiertos vía tarifas.

Adicionalmente, queda claro que, si bien la operación del relleno no se suspende, como quería la istración, sí reitera que la licencia para el concesionario va hasta el próximo año, cuando se estima que Doña Juana cope su capacidad, según lo establecido por la licencia ambiental de 2014. Una posible prolongación de la vida útil del relleno y nuevas licencias tampoco quedaron establecidas.

Se trata, sin duda, de una decisión trascendental para la ciudad, que evitó salir peor librada de este episodio. Por lo pronto, es válido reconocer que los bogotanos tienen un escenario que, a juicio de la istración, salvaguarda sus intereses, como señaló la alcaldesa encargada, Edna Bonilla, y que lo que sigue es un análisis de las lecciones que deja esta decisión y los retos hacia el futuro.

Es claro que todo este lío comenzó desde el momento mismo en que el concesionario, con una oferta por debajo de sus competidores, se quedó con el negocio y después los números no le cuadraron, lo cual es común en este tipo de procesos, pero que pueden terminar generando un mal ambiente entre las partes.

En segundo lugar, preocupa que ya en el 2018 otro tribunal le había dado la razón a la Uaesp y que el nuevo laudo es fruto de una segunda demanda del concesionario, lo que genera inestabilidad jurídica para la istración, con consecuencias para la ciudadanía. Y no queda claro qué sucederá con la planta de lixiviados, clave para que los residuos líquidos no contaminen el agua.

Lo que viene ahora es importante y requerirá todo el empeño del Gobierno Distrital: el futuro de Doña Juana. Hasta hoy, la Alcaldía no quiere la prolongación del actual relleno y busca otras alternativas para la disposición de residuos. De la decisión que tome dependerán el manejo de las basuras en Bogotá, la situación de los vecinos del relleno y las reglas que adopte la istración a la hora de entenderse con los concesionarios. Ojalá la lección de hoy haya quedado aprendida para todos.

EDITORIAL