El pacto en Leticia

La firma del Pacto por la Amazonia –por los presidentes y representantes de Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Guyana y Surinam–, el viernes pasado en Leticia, es un gesto político necesario y bien recibido en tiempos de crisis ambientales. Es una noticia muy positiva que deberá traducirse en acciones concretas en cada país y en la coordinación con los demás. Es decir, se tiene que pasar del papel a la acción si se quiere atajar la tendencia de degradación en la Amazonia, el bosque tropical más importante del mundo y el gran regulador del clima suramericano.

Los incendios, que han afectado más de 2,5 millones de hectáreas en Brasil, dieron pie a que desde el Gobierno de Colombia se instara a la creación de un nuevo pacto regional. Es beneficioso para el futuro de las comunidades y los ecosistemas que los mandatarios expresen su interés en proteger la selva. De los 16 puntos del documento, por ejemplo, es destacable la iniciativa de intercambiar información para sistemas de alertas tempranas de deforestación y emergencias que puedan ayudar a prevenir crisis como las de agosto.

Sin embargo, el verdadero reto es que esas intenciones se materialicen en las propias agendas nacionales y este interés trascienda los giros ideológicos y políticos de la región, que ya han debilitado mecanismos como el Tratado de Cooperación Amazónica de 1987 y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca). Lo pactado en Leticia no puede repetir los mismos errores. Hay que aprovechar los trabajos de cooperación en el marco de las reuniones ministeriales de los últimos años.

Pero también se deben apoyar iniciativas de otros actores como centros científicos y ONG. Es el caso de proyectos como el Camino de la Anaconda, una propuesta de corredor ecológico y cultural que por tantos años se ha discutido para proteger cerca de 200 millones de hectáreas a lo largo de ocho países. Ocurre lo mismo con los compromisos de las naciones de la región con el Acuerdo de París, como lograr una deforestación cero en la Amazonia, o adherir y hacer realidad lo pactado en el Acuerdo de Escazú, que busca defender a los líderes ambientales. No hay que repensar la rueda, sino llevar a efecto los compromisos que están marchando.

De igual manera, en el nivel nacional, el verdadero reto es que esas buenas intenciones en Leticia se materialicen en frenar motores económicos, tanto legales como ilegales, que ven en la Amazonia un territorio por conquistar y apropiar. Es necesario priorizar alternativas de desarrollo para la selva, en vez de proyectos extractivos. Así mismo, en cada país, las decisiones de fortalecer o debilitar los presupuestos de las carteras ambientales, y con ello aminorar o potencializar su capacidad institucional, es otro factor que impacta las dinámicas regionales de conservación.

Aunque durante el encuentro Brasil insistió en la defensa de la soberanía en relación con la conservación, esto no puede ser una excusa para frenar medidas regionales más estrictas en lo ambiental. De fondo, la intención del Pacto por la Amazonia debe ser impulsar una sustentabilidad regional más allá de las fronteras. La selva, así como los males que la atacan, desconoce esos bordes. Ojalá que la voluntad política también los sobrepase.

EDITORIAL