Fin de Medimás

La desaparición de una EPS no es un hecho que genere satisfacción debido a las consecuencias que desencadena. Sin embargo, en el caso de Medimás, que acaba de entrar en este proceso por causa de sus desatinos en términos financieros y asistenciales, exige mirarse como algo que tiene que ser favorable para los 1,5 millones de afiliados, si lo que se busca es remontar dificultades y prevenir males mayores.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud –que tomó esta decisión–, no había otra alternativa, si se tiene en cuenta que la EPS, en sus 55 meses de vida, estuvo 52 bajo vigilancia especial, que fue prorrogada en nueve oportunidades con el objetivo de que corrigiera sus indicadores en rojo, algo que nunca logró. Por el contrario, en cada revisión se le encontraban más deficiencias que prendían nuevas alarmas y que derivaban en órdenes y exigencias que sistemáticamente incumplían.

De hecho, según la Supersalud, sus indicadores de solvencia y liquidez estaban tan deteriorados que amenazaba con perjuicios colaterales que podían llegar a ser sistémicos en los 14 territorios donde aún operaba. Dice el ente de vigilancia que su iliquidez le impedía pagar oportunamente unas obligaciones acumuladas con proveedores y prestadores de servicios, que al cierre de 2021 superaban los 1,5 billones de pesos.

Esta es una situación grave, y lo es más el hecho de que la EPS el año pasado ocupó los primeros lugares del número de quejas de sus s entre las entidades de su tipo, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, lo que impacta directamente en el bienestar y la salud de la población a su cargo, algo injustificable.

Solo resta que en esta depuración en la que se ha comprometido el actual Gobierno (ya son 13 EPS liquidadas) los favorecidos sean esos cerca de diez millones de colombianos que han tenido que ser trasladados y, por extensión, toda la población afiliada al sistema de salud. Este indicador debe ser el único que debe monitorearse sin tregua.

EDITORIAL