La inocencia reclutada

Hay que preguntarse de forma muy seria, rigurosa y persistente hasta hallar respuesta qué es lo que ha permitido que hoy el reclutamiento de menores sea un pilar estratégico de los grupos armados dedicados al narcotráfico, y qué falta hacer para que este drama se detenga.

Como lo ha venido revelando este diario en los últimos días, los grupos armados que se han consolidado tras la firma del acuerdo de paz con las Farc tienen en la mira a las niñas y los niños de los territorios donde operan. Hay que hacer alusión al acuerdo no solo por ser un hito, sino porque este fue uno de los crímenes de las antiguas Farc que más repudio generaron y hoy es objeto del macrocaso 007 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se alcanzó a creer que con la paz que se firmó con esta guerrilla, los menores de edad y sus familias ya no tendrían que volver a vivir esta horrible tragedia.

Por desgracia no fue así. Al contrario, no solo persisten prácticas similares a las de las Farc, hoy en día ejecutadas por las llamadas disidencias, sino que han hecho carrera y se han consolidado otras modalidades igualmente brutales con la infancia. Es el caso de lo que hace el ‘clan del Golfo’, que, si bien no arrebata a los infantes del seno de su hogar, se encarga de hacerlos adictos al consumo de las sustancias que trafican para luego valerse de esta debilidad. Como lo reveló el informe, basado en los hallazgos de las autoridades en el marco de la operación Agamenón, los criminales se aprovechan de la vulnerabilidad de las familias para tener a menores a cargo de ollas y en labores como las de ‘campaneros’.

Luego está lo que ocurre en zonas como Cauca, donde las cifras hablan de unos 500 menores reclutados en los últimos ocho años. En este departamento, como en Cesar, Antioquia, Norte de Santander y Arauca, entre otros, los grupos armados repiten el modus operandi que tenían las Farc y que, por cierto, nunca ha abandonado el Eln. Eso sí, se ha sofisticado. Se trata de seducir a niños y niñas, de nuevo vulnerables, para que hagan parte de sus filas. Una vez en ellas, la mayoría de estos menores viven un verdadero infierno en el que abundan los atropellos contra su dignidad, incluidos los abusos sexuales. Y decíamos que se ha sofisticado, pues ahora se valen de las redes sociales para esta labor. Llama la atención que sean casi una veintena los casos reportados en Jamundí, lo que confirma que ya no son solo los menores en zonas rurales los que están expuestos a esta práctica infame.

Que cese de forma inmediata la instrumentalización de niñas y niños para actividades criminales tiene que ser una exigencia prioritaria e inamovible del Gobierno en las mesas de diálogo que ha abierto con la mayoría de estas organizaciones. Al tiempo, y como ya se vienen dando pasos según lo informó la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, hay que apuntarle a la raíz del problema. Que no es otra que las condiciones materiales, sociales y culturales que hacen vulnerables a los jóvenes y sus familias. Este flagelo no cesa porque persisten los factores que lo hacen posible. Se trata de trabajar de forma continuada, mediante políticas de Estado, no de gobierno, para que a los menores se les garantice el derecho fundamental a vivir con una idea de futuro lejos del infierno de la guerra.