La lucha debe seguir

El Dane publicó ayer los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado, con preocupantes tendencias para los hogares colombianos. En el último mes de 2022, la inflación anual en Colombia alcanzó el 13,12 por ciento, la más alta registrada desde marzo de 1999. Este dato superó las expectativas de los analistas del mercado y ratificó que el costo de vida el año pasado en el país no tocó techo.

Las divisiones de gasto que jalonan esta histórica disparada de los precios son las mismas de reportes anteriores. Los alimentos subieron el año pasado un 27,8 por ciento, con un fuerte impacto en los colombianos de menores ingresos. El IPC para los hogares pobres marcó un 14,92 por ciento, mientras que para los vulnerables registró un 14,8 por ciento, más de tres puntos porcentuales más alto que el de los hogares de ingresos altos.

Con estos índices de inflación, la ganancia real de los colombianos que devengan el salario mínimo –que integran estos niveles de ingresos– se redujo considerablemente a pesar del alza del 16 por ciento. Y ahora en el arranque del año se viene la cuesta de enero con las subidas de precios de muchos productos básicos, los arriendos, los combustibles, los peajes, los tiquetes aéreos, entre otros.

Es justo reconocer que el Gobierno Nacional ha buscado la desindexación de varios bienes y servicios al mínimo para mitigar este impacto, pero, si bien es un paso en la dirección adecuada, aún se necesita ampliar ese abanico. De hecho, el portafolio de seis medidas contra la inflación lanzadas por el Ministerio de Hacienda –control de precios de alimentos, mensajes unificados alrededor de la tasa de cambio, precios de la energía, desindexación y transferencias monetarias adicionales– no está dando los resultados esperados. La política de alzas de las tasas de interés definida por el Banco de la República durante 2022 tampoco ha logrado su cometido de apretar las riendas desbocadas del costo de vida, con efectos sobre el ritmo de crecimiento de la economía.

Queda claro que la lucha contra estas presiones inflacionarias debe constituirse en una prioridad de la política social y económica del Gobierno Nacional para este 2023. A la par que se lanza la agenda de reformas y de nuevos programas sociales, el Ejecutivo no puede darse el lujo de ignorar el costo de vida como una de las preocupaciones más acuciantes para los colombianos.

La istración Petro necesita revisar su estrategia para mitigar estos impactos negativos de la inflación sobre los hogares con menores ingresos e incluir los ajustes y complementos para mejorar su eficiencia. Asimismo, esta difícil situación de los precios, tanto para consumidores como para los productores, puede abrir un espacio de diálogo para que la Casa de Nariño y los representantes de los distintos sectores económicos busquen el diseño de alternativas conjuntas para enfrentar el fenómeno.

El Gobierno no solo debe sostener la guardia en esta batalla permanente contra la inflación, sino también adelantar esta revisión con carácter urgente para robustecer esos esfuerzos.

EDITORIAL