Las masacres

Si bien los datos muestran una muy leve disminución de las masacres este año en Colombia con relación al 2022 (periodo entre enero y octubre), las cifras siguen siendo alarmantes y dejan numerosos interrogantes abiertos sobre las políticas de paz y de seguridad en curso.

Si se mira solo lo ocurrido en los últimos días, la situación se torna aún más preocupante. En menos de una semana, la anterior, 21 personas murieron en el país en acciones criminales de este tipo. Todo en un lapso de 72 horas. Este año, según cifras de Indepaz, 277 personas han sido asesinadas en 86 masacres. El año pasado, en este mismo lapso las víctimas fueron 288. Ambas son cifras impresionantes.

El flagelo sigue, y las tres masacres perpetradas en los últimos días en diferentes puntos de la geografía –que dejaron las 21 muertes mencionadas– obligan a preguntarse, una vez más, por las causas y lo que se debe hacer para detenerlas.

Parece claro que estos asesinatos colectivos han buscado siempre generar terror entre la población para obligar a la gente que, como dicen los expertos, suele “estorbar” en la mitad de un conflicto entre criminales, a alinearse, por puro miedo, con uno de los bandos. Esto cuando no se trata de retaliaciones o ajustes de cuentas, eufemismo del que por momentos se abusa para ocultar vacíos en el actuar de las autoridades obligadas, desde luego, a esclarecer todos y cada uno de estos hechos.

Lo que más inquieta es que los guarismos presentados se den en un contexto de negociaciones de paz con los actores armados, que no era el del 2022. De esta manera se vuelve a constatar que los acuerdos de cese del fuego entre el Ejército y las bandas pueden disminuir las muertes en este frente –cosa bienvenida, por supuesto–, pero no tienen el impacto que deberían tener en lo relativo a la tranquilidad de la gente. Esto es lo central aquí. Al contrario, afirman conocedores que al quedar la Fuerza Pública “al margen”, digámoslo así, por efecto de las treguas, lo que ocurre es una intensificación de las disputas entre los grupos, peleas a muerte en las que la población queda en la mitad y sin mayor posibilidad de acudir a las instituciones, que todavía no tienen del todo claro cómo actuar en una situación tan compleja que combina cese del fuego, disputas entre grupos y asedio constante a la población.

Este último rompecabezas es el que debe armarse urgentemente. Se necesitan lineamientos claros y válidos en cada rincón del territorio para que la Fuerza Pública, más allá de la ‘paz total’, pueda proteger a la población y garantizar la seguridad para que no terminen los ilegales, bien sea amedrentando a punta de masacres o ejerciendo su propia justicia, enviando de paso el mensaje de que ellos son la ley.

Este es el camino y no es novedad, pero siempre habrá que recordarlo. Y se complementa con diagnósticos precisos y actualizados de una realidad en la que la violencia se ha atomizado tanto como algunos de los mercados ilegales. Frente a todo esto, solo hay una opción: presencia real e integral del Estado que regule como le corresponde la vida cotidiana y mantenga a raya al crimen. Están la vida y el orden de por medio.

EDITORIAL