Ante la emergencia que supuso la llegada del covid-19 al país en marzo, las prioridades de ciudadanos e instituciones cambiaron. Frente al desafío de contener el avance del coronavirus, fueron muchas las preocupaciones que quedaron en segundo plano.
Una de ellas tiene que ver con el manejo de los datos personales por entidades públicas y privadas. Un asunto de vital importancia. Actuar de manera efectiva contra el covid-19, esto es, detectar brotes y aislarlos de manera efectiva, obligó a que las personas tuvieran que aportar información personal continuamente. Dicha realidad se mantiene y se ha consolidado con la reactivación: hoy es condición, para ingresar a restaurantes y espacios similares, dar a conocer el nombre, la cédula y el correo, además de la temperatura registrada en el momento. En otros casos, los datos que se ponen a disposición de terceros son más: ubicación, desplazamientos y personas con las que se ha tenido o últimamente.
En principio no debería ser un asunto que inquiete. Los datos recopilados en este contexto de emergencia sanitaria, cuando son utilizados de manera rigurosa, científica y responsable, son de enorme ayuda para la tomar de buenas decisiones por las autoridades.
No obstante, a sabiendas del valor de esta información, conociendo que existe ya un nutrido y perverso mercado negro de datos personales, hay que hacer un llamado para que quienes recopilen tales datos, sean del ámbito público o privado, les den un manejo ético y responsable. La crisis no puede justificar que falte transparencia en este frente, sobre todo en lo concerniente al Estado. Tanto los entes públicos como los privados deben estar en permanente disposición para rendir cuentas por el uso que les están dando a los datos que han recogido: ¿los almacenan? ¿Los sistematizan? ¿Qué pautas o protocolos siguen para su procesamiento? Para ser claros: urge exigir que esta información sea únicamente destinada a prevenir más contagios. Nada más.
EDITORIAL