Los pacientes primero

Más allá de las discusiones y diferencias lícitas que existan entre los responsables de cualquier tarea en el sistema de salud, no se puede perder de vista que el bienestar, la salud y la vida de la población configuran el principio absoluto de su quehacer. Esto quiere decir que los pacientes no pueden quedar en medio de disputas entre actores –por válidas que sean– y que lo único que esperan es que se satisfagan sus necesidades.

No sobra decir que esta premisa involucra por igual a EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, industria, Adres (banco de la salud), Congreso, Supersalud y, por supuesto, al Gobierno, que en su papel de regulador es el llamado a buscar soluciones de fondo ante las dificultades que se presenten y no a incrementar la incertidumbre dentro de la población.

Aunque estos elementos deben ser permanentes en el trabajo de velar por el derecho fundamental a la salud, toman relevancia en momentos en que una seguidilla de comunicados –de diverso origen– da cuenta de limitaciones para acceder a los medicamentos recetados por problemas de diferente índole.

En concreto, están los anuncios que sobre la escasez de fármacos circulan desde hace semanas, sin que exista claridad sobre esta situación dado que, por un lado, se habla de que la industria tiene capacidad para abastecerlos, por otro se argumenta la incapacidad del Invima para autorizar su ingreso al mercado, y desde algunas esquinas se expone que las fallas están en las relaciones de la cadena comercial, generando una confusión en la que los afectados son los s que con sus testimonios manifiestan la urgente necesidad de estos insumos. Ante este panorama, el Tribunal istrativo de Cundinamarca le acaba de dar un plazo de 10 días al Gobierno para que le presente un plan de acción sobre cómo va a garantizar el abastecimiento.

Lamentablemente, los mismos desenlaces –marcados por la incertidumbre y la angustia– han sido generados por el anuncio del operador farmacéutico Cruz Verde, en el sentido de que por deudas acumuladas, en los próximos días dejará de suministrar medicamentos por fuera del Plan de Beneficios a la EPS Sanitas, que a su vez respondió que no está de acuerdo con esa decisión unilateral, a lo que se sumó que la Adres manifestara que los dineros para cubrir este rubro ya fueron girados. Por su parte, la Supersalud conminó a la aseguradora a que cumpla con sus obligaciones, sopena de severas sanciones, y esta última señala que no es cierto que esté recibiendo del gobierno todos los recursos que les debe la Nación desde hace varios años para resolver el problema.

Lo más preocupante es que poner a la población en una condición subalterna en los intereses que marcan estos debates no es algo nuevo y se ha agudizado en los últimos tiempos. Basta ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido por cerca de un año en la discusión de una reforma sectorial en la que parece que los objetivos distan mucho de garantizar el derecho fundamental a la salud de todos y más bien se orientaran a destruir el sistema.

De ahí que el llamado sea a que desde el Gobierno se entienda que, más allá del futuro que tenga este trámite legislativo, en el momento existe un sistema de salud (del que dependen todos los colombianos) con problemas encendidos que no se pueden apagar echándoles más gasolina.

EDITORIAL