Más allá de la conmoción

Una semana después de las primeras voces que advertían de su intención de acudir a la conmoción interior para enfrentar la gravísima crisis humanitaria y de seguridad que se vive en el Catatumbo, el gobierno del presidente Gustavo Petro finalmente ha expedido el decreto respectivo con una relación de los retos capitales que allí enfrenta el Estado a causa de la violenta escalada del Eln en su guerra contra las disidencias de las Farc por el control de narcotráfico.

Tendrá la Corte Constitucional que determinar si las razones argüidas por el Ejecutivo cumplen con las exigencias establecidas por el artículo 213 de la carta política y la Ley 137 de 1994. Esto es, la existencia de una “grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias” de la Fuerza Pública.

Con el desplazamiento forzado más grande provocado por un solo evento violento en más de una década (unas 44.000 personas), al que se suman el confinamiento forzado de otros 12.000 colombianos y los múltiples asesinatos –se calcula que serían más de 80–, lo que resulta claro es que en esa región ha estallado una crisis humanitaria, la cual se larvó por una acumulación de problemas que son el resultado no solo de varios años de inoperancia del Estado, sino también de varios errores de las políticas y estrategias del actual gobierno que hoy saltan a la vista.

Tiene razón el Ejecutivo al señalar la urgencia de recuperar el imperio del Estado sobre esa región y al reconocer la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y de operación de la Fuerza Pública. Pero se equivoca al no hacer un reconocimiento de que buena parte de esas profundas falencias son producto de sus propias decisiones. En el caso de las Fuerzas Militares es inocultable que hoy estas actúan más de forma reactiva, con menos iniciativa ofensiva.

De ahí que el desplazamiento de hombres del Eln de Arauca a Norte de Santander no haya podido ser detectado. De nada valen los despliegues de capacidad de fuego si el arma de inteligencia no ha hecho su tarea de detectar los blancos. Es en estos momentos cuando pasa factura la equivocada decisión presidencial de hacer una barrida de decenas de generales y oficiales curtidos, muchos de ellos con un conocimiento acumulado invaluable para momentos como el actual.

Ese es uno de los factores que han influido en el debilitamiento del Ejército, afectado en los últimos años por una paulatina reducción de tropa y golpeado por temas logísticos como la contratación para el mantenimiento de los helicópteros M-17.

Ese diagnóstico, que obliga al Ejecutivo y al país a rodear a sus Fuerzas Armadas, se conecta con otro de los errores de la istración Petro que el Catatumbo desnuda con crudeza. Más de dos años después de las advertencias que desde diversas orillas se le hicieron por dar concesiones prematuras al Eln y a las disidencias de las Farc, como los ceses del fuego con metodologías débiles y confusas, ya es hora de que ita que su política de ‘paz total’ necesita de una profunda cirugía. No se trata de desconocer la intención loable del mandatario de buscar el fin de la violencia por la vía del diálogo, sino de corregir el rumbo de manera urgente porque el actual solo ha servido para el fortalecimiento y la expansión de los grupos criminales.

Es claro, de la misma manera, que no es posible que en la segunda década del siglo XXI haya regiones enteras de Colombia donde la de la coca es la única economía viable. El Catatumbo pasó en una década de tener poco más de 8.000 hectáreas a ser el tercer mayor enclave cocalero con más de 43.000 hectáreas. Ese incremento coincide con el acuerdo de paz con las Farc, que generó una expectativa de beneficios para quienes tuvieran cultivos –lo que aumentó la siembra–; con el fin de la fumigación aérea, ordenada por la Corte Constitucional, y con una débil estrategia de erradicación forzada de la actual istración, en la cual el área de coca está en cifras récord.

Anuncia el Gobierno un audaz plan de inversiones. Lo que ha demostrado la experiencia es que se requiere una política combinada que ofrezca oportunidades viables de desarrollo, pero que no ponga en desventaja a la Fuerza Pública y su deber de combatir las rentas criminales. En especial, con la complejidad que implica el factor del régimen de Maduro en la zona de frontera. En el Catatumbo quedan retratadas de cuerpo entero las consecuencias de mirar hacia otro lado mientras las narcosiembras siguen disparadas.

Tiene en sus manos el Gobierno las herramientas de la conmoción, incluida la de la modificación o creación temporal de tributos. Este último punto ha generado comprensible inquietud, sobre todo si es usada como atajo para introducir impuestos cuyo fin y propósito trascienden la emergencia en este territorio. Así pues, lo que procede es el uso responsable y transparente de esas facultades y que empiece a enmendarse la desafortunada plana que nos trajo hasta las actuales circunstancias y nos devolvió a épocas sombrías.

EDITORIAL