Proteger a la gente

Las reiteradas advertencias sobre lo que viene ocurriendo en algunas zonas del país en donde los grupos armados ilegales ejercen pleno control van acumulando cifras que las respaldan.

Las más recientes están en el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), dado a conocer esta semana con datos de 2023. Este documento no solo habla de ocho conflictos en curso en el territorio nacional y de un incremento de los desplazamientos individuales –en un 18 por ciento con relación a 2022– y de los confinamientos, en un 19 por ciento, sino que advierte sobre la necesidad urgente de acuerdos humanitarios. Se requiere, a juicio del CICR, que quienes hoy se disputan entre ellos y con el Estado el control de los territorios sean conscientes del sufrimiento que generan entre la gente y lleguen a pactos que lo alivien.

El organismo internacional también da cuenta de una disminución de los desplazamientos masivos, de los enfrentamientos entre grupos armados y Fuerza Pública y de la cantidad de víctimas de artefactos explosivos, aunque, lamentablemente, se registró presencia de minas en zonas en las que no había registro reciente al respecto. Esta información coincide con el video difundido esta semana en el que el Emc anuncia la creación de un nuevo bloque en el occidente colombiano, novedad que dio pie a una desafortunada reacción del comisionado de Paz, Otty Patiño, en la que afirmó que dicha organización delictiva estaba en “todo su derecho de reorganizarse”.

Otros estudios, como el de la Fundación Core, también aportan elementos de peso para hablar de una consolidación de la gobernanza criminal de las llamadas disidencias en varias regiones del país. Todo esto de forma paralela con los primeros pasos de la política de ‘paz total’ del actual gobierno, que incluye a los hombres de ‘Iván Mordisco’, así como a la ‘Nueva Marquetalia’ de ‘Iván Márquez’ y al Eln, entre otros.

Ante estos datos, hay que repetir el llamado al Gobierno para que les diga a los civiles que habitan estas zonas qué hará a fin de que cese el martirio que para muchos de ellos constituye vivir bajo el control de grupos criminales. Estas organizaciones les imponen fuertes limitaciones, que incluyen la obligación de carnetizarse, restricciones de la movilidad y que generan un clima de desconfianza y terror en el que cualquier paso en falso o comportamiento no autorizado por los tristemente célebres “manuales de convivencia” que estos grupos imponen a la fuerza puede terminar en una sentencia de muerte.

Como lo hizo el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, hay que recordarles a los grupos armados que nada los exime de su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario. En este caso se hace aún más perentorio y urgente porque, a diferencia de capítulos pasados de la guerra en Colombia, el rumbo que han tomado las dinámicas del conflicto tras la firma de la paz con las Farc es uno en el que los que más sufren –y de lejos– son justamente los civiles. Los grupos evitan el combate, evitan los ataques de gran magnitud contra sus enemigos, pero buscan el control territorial a través del terror, lo que es propicio para el otro gran flagelo de estos tiempos: la extorsión. Proteger a la gente es primordial.