Un contundente rechazo merece la amenaza de muerte que recibió el miércoles pasado, a través de WhatsApp, la directora del diario La Opinión de Cúcuta, Estefanía Colmenares.
El mensaje decía que a partir de la fecha ella había sido declarada objetivo militar y que su cabeza tenía precio. Es la primera vez, según afirmó la destacada periodista, que es objeto de una intimidación de este calibre.
El hecho coincide con la publicación de una serie de denuncias en el diario que dirige sobre anomalías alrededor de la hospitalización del exalcalde Ramiro Suárez, condenado a 27 años de prisión por el delito de homicidio. Conocedores de los tejemanejes de la política y el poder en Norte de Santander coinciden en que esta persona sigue ejerciendo control directo sobre redes que ameritan ser escudriñadas por la lupa de las autoridades. Son muchos los llamados que hoy se hacen para que se preste atención a la manera como este tipo de engranajes entre la legalidad y la ilegalidad han cooptado la institucionalidad en el departamento fronterizo. Según las denuncias de La Opinión, Suárez, que ayer fue trasladado a Bogotá en un operativo que tuvo amplio eco en las redes sociales, se habría valido de su estancia en el hospital Erasmo Meoz para coordinar e impulsar –al parecer, entregando sumas en efectivo– campañas políticas alineadas con sus intereses.
Si existe o no relación entre las denuncias recientes de La Opinión y la amenaza que recibió su directora, les corresponde a las autoridades establecerlo. Como les corresponde también garantizar su protección y la de sus allegados. Están de por medio no solo preciadas vidas, sino la libertad de un oficio cada vez más amenazado. Por lo pronto, no queda sino sumarse a las diversas y nutridas voces que le han expresado a la colega total respaldo. También hacerle llegar una voz de ánimo para que siga adelante con una labor cuyo valor para Cúcuta y Norte de Santander es sencillamente incalculable.
EDITORIAL