Una nueva jornada de movilización de s de motocicletas tuvo lugar ayer en Bogotá. Miles de estos vehículos de dos ruedas recorrieron la ciudad en una caravana para expresar su inconformidad con varios asuntos que los afectan. Reivindicaciones que van desde el rechazo a un supuesto aumento del valor del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) –lo cual negó ayer el presidente Gustavo Petro– hasta la inconformidad frente a las anunciadas alzas de la gasolina, pasando por una presunta persecución de las autoridades de tránsito.
Diferentes factores han confluido para que la motocicleta haya pasado en pocos años de ser un medio de transporte a eje de un fenómeno social. Pocos discuten que desde las políticas públicas se les dé a los temas que afectan a los s de este medio de transporte un tratamiento que tenga presente esta realidad. Es necesario que las medidas que se vienen, atadas al duro momento fiscal del país –que corresponde a un panorama económico adverso a escala global– tomen en cuenta el impacto que tendrán en los hogares cuya subsistencia depende de la moto.
La gradualidad en las alzas a través de la concertación, fruto de un diálogo franco y transparente, es un camino recomendable, como ya se anuncia desde el Congreso. Así mismo, no sobra un llamado para que el peso de los aumentos sea repartido de manera proporcional para que no se castigue a este sector.
No se pueden desconocer tampoco el incumplimiento de las normas de tránsito por algunos motociclistas y su alta accidentalidad.
Pero la necesidad de atender estos requerimientos viene de la mano con la obligación que tienen los s de este medio de cumplir con una serie de deberes. Un informe reciente de la Agencia de Seguridad Vial reveló un panorama muy preocupante en materia de accidentalidad, que incluye un aumento del 59 por ciento de los siniestros que involucran a las motos, en el periodo enero-agosto de este año, frente al mismo lapso del 2021. Son la principal causa de accidentes con fatalidades. La falta de pericia y el exceso de velocidad son dos de los motivos predominantes en estos sucesos. El incumplimiento de las normas de tránsito por algunos motociclistas, así como el irrespeto a los semáforos, es una realidad creciente y palpable.
Los moteros son un actor que llegó para quedarse y deben ser escuchados, como lo hizo ayer el Gobierno a través del ministro de Transporte, pero siempre teniendo claro que la búsqueda de caminos para moderar el impacto de medidas que obedecen a una situación ineludible los obliga, a su vez, a cumplir compromisos ciudadanos que ponen en riesgo a los demás actores viales.
Aquí se puede incluso hablar de metas concretas en materia de reducción de indicadores en un plazo determinado. Y no puede verse viciada por la amenaza de recurrir a vías de hecho con serio impacto sobre la vida de las ciudades. El alcance de su capacidad de organización y de ejercer presión, que no lo tienen otros sectores igualmente perjudicados por las alzas en mención, ha de tener un límite claro. Se trata de reconocer lo justo, pero de evitar conceder privilegios o dádivas desproporcionadas.
EDITORIAL