Era de esperarse que el asunto de la implementación del acuerdo de paz con las Farc ocupara un lugar preponderante en la agenda informativa del país durante varios años. Lo que pocos previeron fue que esta materia se convertiría en el eje central de la vida política de la nación, tal y como viene ocurriendo.
Distintos hechos han contribuido al estado de cosas actual. Que a Juan Manuel Santos lo haya sucedido el candidato que aglutinó en su campaña a los distintos sectores que apoyaron la opción del No en el plebiscito de septiembre de 2016 creó un marco de incertidumbre. Era inevitable, pero lo que es menos comprensible –y muy desafortunado– es que este persista hasta hoy. Porque mientras el Ejecutivo da una y otra vez partes de tranquilidad sobre su compromiso con lo pactado, voces del partido del Presidente llenan de argumentos a quienes, desilusionados, opinan que el actual gobierno “hará trizas” los compromisos.
Sin embargo, la realidad ofrece razones para apaciguar dichos temores. El Presidente ha sido claro en que su intención es hacer algunos ajustes al acuerdo, mas no echarlo por la borda. Recientemente, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, quizá la voz más autorizada en la materia, fue claro y contundente: “Naciones Unidas celebra, realmente, el compromiso del presidente Iván Duque con la implementación de los acuerdos”. Por supuesto que ha habido tropiezos, algunos serios, pero en términos generales se puede decir que la puesta en marcha de lo firmado en el Teatro Colón sigue adelante. Y esto es una buena noticia en medio de la tempestad. Duque subrayó avances concretos en cuanto a proyectos productivos y programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Aun así, es evidente que en la órbita de este proceso existe una serie de factores reales y complejos que han incidido fuertemente tanto en la implementación como en la percepción que de esta se tiene en Colombia y el exterior. Un editorial de ‘The New York Times’ tomó un conjunto de ellos para lanzar una advertencia válida y necesaria respecto a cuán importante fue –no solo para el país sino para la región– el logro de la paz, y a la necesidad de llevar a cabo correctivos que disminuyan el riesgo de fracaso.
Los factores aludidos son varios, y ninguno de poca monta. De primeros en la lista figuran el caso de la captura con fines de extradición de ‘Jesús Santrich’ y la manera como este se ha desarrollado, con giros inesperados, incertidumbre y confusión acerca de qué camino debe tomar su juzgamiento. Todo esto ha repercutido de forma claramente negativa en el objetivo de que la implementación alcance velocidad de crucero. Además, este episodio se desarrolló en paralelo con el trámite de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual fue objetada por el presidente Iván Duque. Por esta vía intentó concretar los prometidos ajustes, sin éxito y a un costo alto en términos de aplazamiento de prioridades. Una de ellas, seamos claros, que la Jurisdicción Especial para la Paz comience a funcionar y mostrar resultados que la ayuden a ganar respaldos en diferentes sectores.
No menos importante ha sido el aumento dramático, real y preocupante de los casos de asesinato de líderes sociales, fenómeno violento que también ha tenido en la mira a excombatientes de las Farc. Más de un centenar han sido asesinados. Crímenes que han sucedido en su mayoría en zonas donde los espacios que dejó la guerrilla no han sido copados por la institucionalidad, tal y como tendría que haber ocurrido, sino que han terminado siendo campos de batalla entre grupos delincuenciales.
En el listado hay que incluir también incumplimientos y dardos provenientes de la orilla de las Farc. Nos referimos puntualmente a los casos de alias el Paisa, Romaña e Iván Márquez. En particular, a cómo este último, actor clave en la negociación, le ha hecho daño al proceso. Y se lo ha causado con actos como desistir de posesionarse como senador para después pasar al umbral de la clandestinidad y con palabras como las de sus recientes misivas.
Así las cosas, es hora de apoyarse en lo que está bien para seguir construyendo a partir de consensos que deben lograrse en los días venideros. Acuerdos que requieren la participación del Gobierno y las Farc, por supuesto, pero también de las restantes fuerzas políticas. A la vez, es fundamental pasar la página del caso ‘Santrich’ para que la justicia especial de paz deje este lastre y pueda encarrilarse. Es urgente, valga el término, poco ortodoxo, ‘desantrichizarla’. La buena noticia es que hay mucho terreno ya ganado y estamos a tiempo para enderezar un rumbo que ya tiene una hoja de ruta trazada y apunta al país que, sin distingos de militancia, anhelamos para las próximas generaciones.
EDITORIAL