Sin regla fiscal

La semana pasada, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal le dio luz verde al Gobierno para suspender este mecanismo durante este año y el 2021. La razón para tan crucial decisión es el choque extraordinario que representa la pandemia de covid-19 no solo para las finanzas del Estado, sino para la estabilidad macroeconómica del país.

La regla fiscal, que funciona desde el 2012, ha sido útil tanto para establecer una senda descendente en el saldo en rojo de las cuentas estatales como para sacar los pulsos por el nivel de ese faltante de la esfera política. Si bien no ha evitado que el endeudamiento estatal llegue a niveles preocupantes en los últimos años, ha enviado mensajes claros sobre el compromiso de las autoridades con el buen manejo de la hacienda pública.

Cuando la pandemia llegó a Colombia, ya la economía venía con un margen de maniobra reducido. Al final del año pasado, no obstante el crecimiento económico registrado, la deuda del sector central como porcentaje del producto interno bruto (PIB) había alcanzado el 50,2 %. Además, calificadoras de riesgo y analistas habían alertado sobre los impactos negativos de la reforma tributaria aprobada en diciembre.

La suspensión de la regla fiscal era inevitable ante las extraordinarias circunstancias que atraviesa el país. La pandemia impacta con dureza los ingresos, y existen mayores erogaciones: más gastos en salud, nuevos programas sociales, además de subsidios y alivios a las empresas, mientras que el hundimiento de la actividad productiva se traduce en menores recaudos. Sin contar que la gravedad de la crisis económica y social podrá extender durante un largo tiempo las ayudas adicionales, que hoy están planteadas durante unos meses y no cuentan con fuente de financiación estable. Es previsible que el Gobierno deberá incurrir en más desembolsos para proteger los empleos y las empresas ante la crítica situación.

De hecho, las estimaciones del déficit fiscal para este año llegan al 8 %, mientras que la deuda como proporción del PIB podría saltar hasta el 66 %. Un escenario así sería evaluado negativamente por las calificadoras de riesgo y los inversionistas. A los observadores les preocupa una presión insoportable para disparar el gasto público, precisamente cuando no hay un techo institucional.

Frente a esos peligros, habría sido ideal que la suspensión de la regla fiscal hubiera operado solo este año, con el fin de que el retorno a una senda de sostenibilidad hubiera comenzado en el 2021. Como este no fue el caso, el Ejecutivo está obligado a mantener la doble mirada para resolver las urgencias de gasto de la pandemia hoy, sin perder de vista que su objetivo es mantener la casa en orden, en la medida de las circunstancias.

Por ende, la autorización concedida genera la responsabilidad de diseñar una hoja de ruta factible, creíble y que regrese el déficit público a un camino descendente y sostenible. Todo de la mano de un plan de recuperación económica realista y con metas medibles. La bien ganada fama de seriedad de Colombia en estas materias merece ser preservada si no queremos seguir el ejemplo de algunos vecinos. Contar con un margen de maniobra más amplio exige usarlo con seriedad, para que en el futuro no tengamos líos que lamentar.

EDITORIAL