Urge un remedio

El caso de Sura se suma a una serie de incidentes que encienden las alarmas. En abril, la EPS Compensar anunció también su solicitud de retiro. Y el Gobierno, por su lado, intervino de forma controversial otras tres: Sanitas, EPS Servicio Occidental de Salud y Nueva EPS.

Acemi, el gremio que representa al sector, afirma que la principal causa de la debilidad financiera de las firmas –aunque no la única– es la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la prima que la nación paga por cada afiliado. Al no actualizarse correctamente la UPC, las empresas se quedan sin caja para cubrir sus obligaciones. El Gobierno, por su parte, alega que los problemas anteceden a este cuatrienio –pero no se puede desconocer que se han agudizado– y que para solucionarlos era necesaria la reforma que presentó al Congreso, la cual fue rechazada.

Y en el medio están los pacientes, a merced de decisiones que escapan a su control y llenos de incertidumbre. Todo como resultado, en buena parte, de la acción o inacción del Gobierno. La salida de Sura ocurre en el contexto de un mercado regulado en el que el Estado es el principal actor y que, para los directivos de la EPS, ya no ofrece las garantías ni los incentivos para su permanencia. Por otra parte, la eficacia del sistema de salud que propone el Gobierno está en tela de juicio por los malos resultados del recién estrenado modelo del magisterio, considerado un ‘piloto’ de la reforma, que ha sido objeto de innumerables quejas de maestros que padecen con angustia el deterioro de su cubrimiento médico.

Cabe esperar que la transición de los afiliados de Sura a otras EPS ocurra de la manera más ordenada posible, sin poner en riesgo la salud de los s. Al mismo tiempo, el Gobierno debe replantear los mensajes que envía en relación con este sector tan crítico para la sociedad. El hecho de que la reforma no haya superado la prueba del debate parlamentario no significa que el sistema, tal y como existe, con sus virtudes y defectos, no deba ser mantenido y gestionado adecuadamente. Esto incluye la actualización de los parámetros financieros y la garantía a los prestadores de servicios de que recibirán cumplidamente sus pagos, compromiso que quedó en entredicho tras unas irresponsables palabras del ministro Jaramillo en una reunión en la sede de Fiduprevisora.

El Gobierno debe asumir su responsabilidad y convocar a todos los actores del sistema para encontrar soluciones prácticas y concretas a los problemas y eliminar los factores de desconfianza. No puede olvidar que son vidas humanas, el bienestar de la población, lo que está en juego, nada menos. La obstinación por imponer un nuevo modelo de salud, que no ha gozado de aceptación ni del Congreso ni de los expertos, no puede convertirse en la causa de una crisis que podría ser de dolorosísimas proporciones.