El debate por la primera pregunta de la Consulta Anticorrupción

A un mes de que los colombianos voten a favor o en contra de la Consulta Anticorrupción, llegó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.

El argumento del demandante, Jefferson Dueñas, es que la iniciativa estaría "engañando a los electores" pues los temas salariales son decididos a nivel gubernamental y una consulta popular no tendría alcance para modificarlos.

Esto, a propósito de que una de las siete preguntas que se le harán a los electores es: “¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes SMLV, fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política?”.

Según Dueñas, la Consulta iría en contra a lo que se estipula en la Ley 134 de 1994 “que prohíbe realizar consultas populares sobre temas que impliquen modificar la Constitución Política, en este caso el artículo 187” y se refiere al salario de los congresistas.

La ley a la que se refiere el demandante en su artículo 50 efectivamente establece que “no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política”.

El artículo 187 de la Constitución, que en el argumento de Dueñas sería el que se buscaría modificar, establece que “La asignación de los del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la istración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández añade a este argumento que la pregunta necesariamente implicaría una reformaconstitucional que debería hacerse a través de un acto legislativo en el Congreso, un referendo o una Asamblea Constituyente.

Además, señala que en su concepto la pregunta en cuestión no corresponde a un acto de corrupción. “No podemos decir que todos los congresistas que han recibido esa remuneración son corruptos. Es muy injusto que a todos los congresistas y magistrados se les señale de corruptos si han devengado sus ingresos según la norma”.

Por otro lado, el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Genaro Sánchez afirma que es importante tener en cuenta que esa pregunta específica de la Consulta no solo se refiere al sueldo de los congresistas, sino también el de otros altos funcionarios del Estado.

“Lo que propone esa pregunta tiene implicaciones muy grandes” dice Sánchez y advierte que el Consejo de Estado debería declararse impedido porque lo planteado en la pregunta tendría incidencia sobre los mismos magistrados.

Claudia López, una de las promotoras de la iniciativa, dijo que "la clase política y los corruptos están cruzando los dedos para que no logremos los 12 millones de votos que obliguen al Congreso a hacer las Leyes que cumplan los 7 mandatos de la consulta anticorrupción".

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