Información sobre protección a oposición es deficiente: Procuraduría

En comunicación enviada a la Cámara, el Ministerio Público pone de manifiesto los inconvenientes.

El representante de Alianza Verde Inti Asprilla le pidió a la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, un pronunciamiento sobre el futuro de los vendedores ambulantes. Foto: Cámara de Representantes.

18.11.2020 12:01 Actualizado: 18.11.2020 12:01

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El atentado contra el senador Feliciano Valencia y los ataques violentos a de la Colombia Humana que se han conocido en las últimas semanas han dado muestras de que, para algunos sectores, ser de oposición al Gobierno es cargar con una lápida encima, no solo en términos de respeto por la vida sino también de garantías de los derechos políticos.

Precisamente, para otorgar garantías a quienes se oponen al Gobierno Nacional, el estatuto de oposición, sancionado a mediados de 2018, contiene una disposición en la que obliga a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo a presentar un “informe a cada una de las cámaras del Congreso de la República sobre el cumplimiento de los derechos establecidos en este Estatuto y un balance sobre las garantías de seguridad en relación con los derechos a la vida e integridad personal de los de las organizaciones políticas declaradas en oposición”.

No obstante, de los cinco periodos que lleva este Congreso, solo se ha presentado un informe por parte de la Procuraduría, documento que no fue sustentado ante la Cámara. Para revisar esta situación, el representante de Alianza Verde Inti Asprilla elevó una solicitud al Ministerio Público para pedir explicaciones frente al tema.

(Vea también: ¿Por qué Juanita Goebertus no aspirará al Congreso en 2022?)

En la respuesta, conocida por este diario, la Procuraduría alerta sobre posibles vacíos en la información que entregan las entidades encargadas de la protección de la oposición, lo que se ha convertido en un obstáculo a la hora de consolidar los informes que se presentan al Congreso de la República.

“La información remitida por las entidades a cargo del cumplimiento del Estatuto y las organizaciones políticas es deficiente, incompleta y fuera de los plazos establecidos para su entrega”, indica la Procuraduría en el documento.

Y posteriormente lanza una afirmación que es igualmente preocupante: “hay reglamentación pendiente frente a la garantía de los derechos de las organizaciones políticas declaradas en oposición e independencia a nivel territorial, lo cual dificulta el reporte de la información por parte de las entidades competentes en la materialización del Estatuto”.

La información remitida por las entidades a cargo del cumplimiento del Estatuto y las organizaciones políticas es deficiente

En cuanto al único de los cinco informes que debieron haberse entregado, el Ministerio Público señala que aún no ha sido citado para sustentar el informe, a pesar de que este documento se presentó hace más de un año.

Cabe aclarar que la norma señala que este informe debe ser sustentado 15 días después de su presentación.

Borrador

Precisamente para buscar la protección de la oposición, el Gobierno dio a conocer hace algunos días los lineamientos de un proyecto de decreto, que busca evitar “los atentados y las amenazas contra los de los partidos políticos no solo en época electoral, que es cuando más riesgo tienen, sino en el ejercicio ordinario del liderazgo político”.

Con este decreto en ciernes se busca además diseñar una política propia, pues esto hace parte del Estatuto de la Oposición y del acuerdo de paz que creó la instancia de alto nivel para las garantías en el ejercicio de la política.

“Lo que se ha hecho es unificar todas las acciones en un decreto construido por los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, la Policía y el Ejército, la Unidad Nacional de Protección, UNP y los insumos de los partidos para que sea un documento que tenga las distintas visiones”, puntualizó el comisionado de Paz Miguel Ceballos.

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