La polémica por proyecto que abriría la puerta de Justicia y Paz a grupos criminales

A la espera de que el gobierno de Gustavo Petro retome los temas relacionados con un posible sometimiento de grupos violentos de alto impacto –como el ‘clan del Golfo’ y otras organizaciones criminales– y vuelva a presentar en el Congreso un proyecto con este propósito, el senador del Partido de ‘la U’ Antonio Correa se adelantó a los intereses del Ejecutivo y presentó un proyecto con este enfoque. Incluso, retomó algunas tesis que la propia istración de Gustavo Petro había asumido como posibles para aclarar el camino jurídico de este proceso.

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Se trata del proyecto de ley 209 de 2023, que fue radicado en el Senado el 23 de diciembre del año pasado y cuenta con un total de 30 firmas de autores, entre ellos algunos del Pacto Histórico. Aunque se conoce como el proyecto de ley de las ‘segundas oportunidades’, su principal objetivo, como señala su autor, es ampliar el mandato de la jurisdicción de Justicia y Paz para que sirva al sometimiento de estructuras de crimen de alto impacto. Esta tesis no es nueva, ya la había contemplado el propio Gobierno, que la vio como una posible alternativa a la ley de sometimiento que presentaron y que no tuvo ni un debate.

Incluso así lo expresó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en diálogo con EL TIEMPO a mediados del 2023: “Como ministro de Justicia, yo volvería a presentar el texto que presentamos la legislatura pasada, pero hemos escuchado otras posibilidades como modificar esa propuesta o pensar en prorrogar la Ley de Justicia y Paz”.

En total, el texto presentado por Correa tiene 36 páginas y 47 artículos. El principal objetivo, como ya se dijo, es que el sistema de Justicia y Paz se adapte para que a través de esta jurisdicción se haga el sometimiento de grupos como el ‘clan del Golfo’ y similares. Con este fin se aplican condiciones como darles un periodo de máximo cinco años a los actuales tribunales de dicha jurisdicción para que culminen los casos que ya tienen abiertos, darle un plazo de dos años a la Fiscalía para que presente las acusaciones e imputaciones respectivas y reformar algunos principios básicos del sistema.

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Ente los principios que se busca introducir en la jurisdicción existente está el de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Asimismo, se busca establecer que dichos tribunales deben asumir los principios de justicia restaurativa y reparación de las víctimas, elementos que para el momento que se creó la Ley 975 de 2005, Justicia y Paz, no se tenían presentes.

EL TIEMPO consultó con el senador Correa y este defendió su proyecto diciendo: “Lo que buscamos con este proyecto es facilitar los procesos de paz y de los armados al margen de la ley. Ante todo garantizar los derechos de las víctimas. Ya está la plataforma, solo es hacerle correcciones. Se quiere que no pase tanto tiempo para conocer la verdad. Que no pase con las Auc”.

Correa añadió que el texto que presentó es una buena oportunidad para establecer un marco claro de sometimiento ya que hoy se tienen conversaciones con estructuras de alto impacto en el marco de la ‘paz total’, pero no se cuenta con una hoja de ruta de cómo proceder. Además, señaló la necesidad de actuar con premura pues “ya están cerca las nuevas elecciones y se nos embolataría la paz”.

Antonio Correa confirmó que aún no tienen un concepto del Ministerio de Justicia, pues esta cartera no se ha manifestado. Sin embargo, el congresista aseveró que el anterior comisionado de Paz, Danilo Rueda, había visto la iniciativa y había sido de su agrado. Precisamente, Rueda le comentó a este diario antes de salir de su cargo que sectores lejanos del Gobierno le habían presentado un proyecto de sometimiento y que este “no le había molestado”.

Más allá del supuesto concepto de Rueda, desde el gobierno Petro no habría posiciones frente al proyecto. Todavía no se ha dado apoyo a este texto, como lo confirmó el ministro Néstor Osuna, quien le dijo a este diario que este texto es de origen congresional y no iba a expresar opinión alguna. Por otro lado, aunque el texto viene acompañado de varias firmas de congresistas del Gobierno, la ficha del Ejecutivo que ha tramitado los temas de paz en el Congreso expresó sus reservas a la propuesta.

El senador Ariel Ávila (Alianza Verde), que fue uno de los que impulsaron el tema de la ley de ‘paz total’ y del proyecto de ley de sometimiento, le insistió a EL TIEMPO en que dicho texto no tiene nada que ver con la propuesta del Gobierno. Aseguró que se trata una iniciativa de Correa que no ha sido discutida en mesas de concertación.

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Asimismo, Ávila se desligó: “Por como está, no lo apoyo. Está hecho más hacia el pasado que hacia el futuro. No es un proyecto de sometimiento. Está interesado en ingresar a los que se quedaron por fuera”. El senador explicó que el texto tiene artículos peligrosos que van a beneficiar a las personas que fueron “excluidas de Justicia y Paz”. Incluso señaló que el texto como está planteado puede llevar a que se les devuelvan derechos políticos a condenados por paramilitarismo.

Además de la posición de Ávila, el texto presentado por Correa ha tenido un debate jurídico importante. Para el director del Cerac, Jorge Restrepo, “es una mala idea”, tanto el proyecto como la posibilidad de que el sometimiento se dé por la jurisdicción creada para atender la desmovilización de paramilitares, puesto que se ha “avanzado 20 años en materia de sometimiento de organizaciones criminales en la justicia”.

“Hubo problemas de diseño en Justicia y Paz y el proyecto recoge las partes menos positivas de ese proceso y le introduce modificaciones contrarias a la jurisprudencia y a la Constitución. Es echar 20 años para atrás”, dijo Restrepo.

Por último, la cabeza del Cerac señaló que si es por no tener que tramitar todo un nuevo proyecto de sometimiento, hay una ley aprobada en 2018, impulsada por el entonces vicepresidente Óscar Naranjo. “Una ley que podría ser reconsiderada por el Gobierno y el Congreso. Es mucho más fácil. Da mejores incentivos y estructura”, concluyó.

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Otras figuras, como el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, indicaron que podría usarse el sistema de Justicia y Paz para el sometimiento planteado con los grupos de alto impacto: “Debería haber un sometimiento con penas disminuidas. Se debería repetir y que estén obligados a contar la verdad”. No obstante, aclaró que debe profundizarse más en aspectos como el esclarecimiento. Por otro lado, cuestionó el límite de cinco años para culminar los actuales procesos.

Posiciones similares tuvieron el abogado Francisco Bernate y la subdirectora de la Fundación Pares, Laura Bonilla. “Es una de las alternativas jurídicas teniendo en cuenta las condiciones de esos grupos armados. Con todas las dificultades, Justicia y Paz trajo importantes avances jurídicos”, dijo Bonilla. El abogado Bernate se declaró en desacuerdo con los tiempos planteados en el proyecto.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción Política

En X: @JuanLombo