Las razones por las que se ha demorado la elección del contralor en el Congreso

El 25 de mayo del 2023, el Consejo de Estado anuló la elección del entonces contralor, Carlos Hernán Rodríguez. Asumió de forma interina Carlos Mario Zuluaga y se le encargó al Congreso que eligiera un nuevo contralor en propiedad. Han pasado nueve meses desde entonces y no parece que el proceso vaya a culminarse pronto.

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A hoy, 13 de febrero, aún no hay una universidad que se encargue del proceso de selección. De acuerdo con la ley 1904 de 2018, que regló el proceso de escogencia del contralor, el Congreso debe escoger a la cabeza del ente de control, pero debe basarse en un listado de 20 aspirante que provenga de unas pruebas de conocimientos hechas por una universidad del país.

Las razones de las demoras son varias. Aunque fue en mayo que fue anulada la elección, el presidente del Congreso de ese momento, Alexander López, no inició el proceso ante la polémica que causó en algunas fuerzas que apenas fuera cabeza del legislativo por unas semanas y aun así fuera determinante frente a la selección de nuevo contralor.

Por otro lado, cuando Iván Name llegó a dirigir el Senado, este tampoco comenzó el proceso de selección de inmediato sino que espero hasta octubre. En parte, varios sectores en el Legislativo pidieron darle largas al inicio del proceso debido a que todavía no se había definido la situación jurídica de Rodríguez, por lo que aún tenía recursos para volver al cargo.

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En octubre se dio inicio formal al proceso y fueron dos meses para que se definiera el centro educativo que iba a llevar a cabo el proceso. En ese momento se escogió la Universidad Nacional.

Sin embargo, días antes del receso legislativo se conoció una resolución en la que se anunciaba que no se había avanzado en el proceso debido a que había más aspirantes que los que la comisión de acreditación podía revisar y ante las dificultades para concretar el convenio con la Nacional para llevar a cabo las pruebas.

Dos días después se conoció una carta de la Universidad Nacional en la que se anunció que se apartaban del proceso debido a que se dieron cuenta que estaban impedidos para celebrar dicho contrato. La razón es que se dieron cuenta que tenían varios contratos con el ente de control.

Según explicaron, al momento de hacer la verificación encontraron que la universidad "con sus 9 sedes y 22 facultades, todas ellas con competencias delegadas para contratar, tiene contratos en ejecución con la Contraloría General de la República, cuya alta dirección es objeto de la convocatoria en mención".

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Al mismo tiempo en las plenarias de Cámara y Senado se complicó el panorama. En ambas corporaciones hubo varios sectores que insistieron en que se debía aplazar el proceso hasta que en marzo la Corte Constitucional se pronuncie sobre una tutela en la que el excontralor pidió ser reintegrado al cargo. Estos expresaron su temor a que el Legislativo escogiera un sucesor a Rodríguez y al mismo tiempo la Corte le devolviera su investidura. Esto haría que el país tuviese dos contralores al mismo tiempo.

La definición de la situación jurídica de Carlos Hernán Rodríguez estaría cerca pero en el Congreso todavía no hay asomo de que inicie formalmente el proceso de selección de un contralor de forma oficial. Conocedores del proceso le explicaron a EL TIEMPO que el receso legislativo detuvo el proceso durante dos meses.

La razón es que ni la comisión de acreditación se reunió para depurar el primer listado de aspirantes y la mesa directiva del Congreso tampoco escogió una universidad que lleve a cabo las pruebas de conocimientos. Estos han dicho que consideran que hay jurisprudencia que es clara en que no pueden llevar a cabo dichas labores por fuera del periodo legislativo ordinario (20 de julio al 16 de diciembre- 16 de febrero al 20 de junio). Sin embargo, otros sectores son partidarios de que estas labores de orden istrativo, así como el control político, pueden ser llevadas a cabo en cualquier momento.

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Sin embargo, para evitar cualquier vicio en el proceso, se prefirió dejar ambos procesos para los días posteriores al 16 de febrero. Esto implica que después de esta fecha se espera que la mesa directiva escoja una universidad en el grupo de más de una decena de aspirantes que se presentaron ante la invitación. Está proyectado que el contrato para llevar a cabo las pruebas tenga un monto aproximado de 250 millones de pesos.

Por otro lado, con la reanudación de las sesiones ordinarias se espera que la comisión de acreditación depure el largo listado de hojas de vida que se presentaron. Sin embargo, desde el Senado ya advirtieron que el proceso tendrá sus demoras pues lo hecho por la Universidad Nacional hizo que se perdieran dos meses del proceso.

Luego de completarse estas dos fases previas, la comisión de acreditación entregará un listado inicial a la universidad que sea escogida. El centro educativo hará las pruebas de conocimiento y establecerá un nuevo listado con los 20 puntajes más altos. Luego, una comisión accidental se entrevistará con todos estos y bajará el listado final a 10. Son estos los que pasarán a pelearse los votos del Congreso en pleno. El que gane, será el nuevo contralor de la República.