El Senado, la Cámara, y hasta el Gobierno, aparecían este jueves con cuotas de responsabilidad en el hundimiento de la ley que prohibía la casa por cárcel para los corruptos, y que se hundió.
El presidente del Senado,
Ernesto Macías, puso su dedo acusador sobre su par de la Cámara,
Alejandro Carlos Chacón, a quien considera el principal responsable del fracaso de esta ley que ya había cursado los 8 debates reglametarios.
Macías explicó, por ejemplo, que Chacón se empecinó en exigir las actas de la sesión del lunes en la noche cuando la plenaria del Senado aprobó el proyecto, la Gaceta con la publicación y el expediente completo de más de mil páginas, que no fue pedido para ninguna de las otras conciliaciones.
Chacón, por su parte, dijo este jueves en la plenaria de la Cámara que nunca recibió el expediente que le pidió al Senado. Y que a pesar de haberlo solicitado en varias oportunidades, no fue escuchado.
De hecho, mencionó como evidencia de su esfuerzo por esperar el expediente del Senado y someter la conciliación a consideración de la Cámara, haber sesionado cuando se transmitía el partido entre las selecciones de Colombia y Catar.
También la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, apareció involucrada en el incidente que ella misma calificó como una “confusión”.
La Ministra itió en la plenaria de la Cámara que participó en una acción dirigida a salvar la ley, que consistió en apoyar que el representante Gabriel Vallejo firmara la conciliación de la ley anticorrupción, cuando el congresista no tenía competencia para hacerlo.
Vallejo había recibido orden de la corporación para firmar la conciliación de otra ley, pero terminó firmando, por la “confusión” la conciliación de la ley anticorrupción objeto de controversia.
Nunca ha habido mala fe, ni del Gobierno ni del Centro Democrático
Este jueves en la plenaria de la Cámara y antes de partir a un viaje por China, Chacón dijo que ese proyecto de ley, impulsado por la Fiscalía, se aprobó en la Cámara de Representantes desde el 19 de julio de 2018 –hace un año- y que duró ocho meses en el Senado, de donde solamente salió hasta el pasado lunes en la noche.
El congresista hizo una descripción, con fechas incluidas, del tránsito de la iniciativa en la Cámara y del proceso de conciliación de los textos aprobados en las dos corporaciones, en medio del cual la iniciativa se hundió.
El hundimiento de la ley que prohíbe las residencias como recintos de reclusión para autores de delitos de corrupción generó una reacción airada de diversos sectores que creen que el Congreso es incapaz de tramitar, definitivamente, normas para castigar estas conductas.
REDACCIÓN POLÍTICA