Las cinco claves para entender la reforma sobre descentralización que aprobó el Senado: ¿qué implica para las finanzas de la Nación?

Aunque pasó de agache en los primeros cinco debates, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) se volvió uno de los principales temas de la agenda nacional a propósito de su sexto debate, que fue aprobado este martes 29 de octubre por el Senado.

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El proyecto, del que está detrás el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, desde antes de entrar al Gobierno, busca promover la autonomía regional y la descentralización. Esto se hará aumentando los recursos que el nivel central transfiere a los departamentos. No obstante, voces de la academia y gremios, e incluso exministros de Hacienda, han alertado sobre los riesgos que este cambio podría generar en las finanzas de la Nación.

La reforma, que tiene dos artículos, ha sido también promovida por el expresidente del Senado Iván Name y después de una intensa puja en el gabinete, el propio presidente Gustavo Petro anunció su respaldo al proyecto. 

Y todo indica que tendrían los votos para superar sus dos últimos debates en la Cámara de Representantes.

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El proyecto modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. En un principio se buscaba establecer que el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios represente mínimo el 46,5 por ciento de los ingresos de la Nación. Pero tras una intensa puja en el gabinete del presidente Petro, pues el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se oponía a esta reforma porque, a su juicio, era insostenible financieramente, se acordó que no será el 46,5 por ciento sino del 39,5 por ciento. Hoy la transferencia de los ingresos es del 24 por ciento. 

Esto significa que un poco menos del presupuesto de la Nación será manejado directamente por las istraciones locales, que priorizar los derechos y servicios de salud, educación preescolar, básica y media, agua potable y saneamiento básico. Si pasa esa plata, también tienen que pasar nuevas funciones y competencias. 

Este punto seguirá siendo tal y como lo establece la actual legislación, que establece que los recursos se reparten según el número de habitantes de cada región. Pero el presidente Petro insistió en que parte de su apoyo está condicionado en que la fórmula de reparto privilegie a las regiones más pobres.

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El proyecto plantea que a partir del 2027 se iniciará el aumento de manera gradual en un periodo de 12 años. Pero primero deberá aprobarse una ley de competencias que deje claro de qué se encargarán las autoridades locales para evitar que haya duplicidad de funciones con entidades a nivel nacional. Incluso, es posible que desaparezcan algunas entidades del nivel central.

Respetadas voces de la academia, exministros y varios congresistas advierten que este proyecto es inviable financieramente. Por ejemplo, la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, señala que las transferencias deben ser del 37 por ciento para evitar que se les dé a las regiones "un cheque chimbo". 

"La nueva propuesta del gobierno aunque disminuye la presión fiscal sigue creando un hueco en el presupuesto general. Pasaríamos de un hueco de 881 billones a 12 años a uno de 503 billones", comentó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Además, 27 exministros de Hacienda alertaron sobre los riesgos del proyecto. "El proyecto de acto legislativo agravaría la situación. La inflexibilidad del gasto del Presupuesto General de la Nación aumentará considerablemente. No se apoya el proyecto en una redistribución clara de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales, asunto que se deja para que leyes posteriores, de incierto trámite, resuelvan esa situación", aseguraron los exfuncionarios entre quienes están María Mercedes Cuéllar, Alberto Carrasquilla, María Mercedes Cuéllar, Juan Carlos Echeverry, Rudolf Hommes, Bruce McMaster, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo.

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Esta es una de las alertas que han lanzado algunos sectores. Frente a esto, el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, quien es el ponente de la iniciativa, aseguró que "la existencia de la corrupción no debe de ser disculpa para evitar el desarrollo de las regiones. Si es así, apague el Estado y vámonos. Es cierto que hay regiones corruptas, pero a nivel nacional también hay entidades corruptas". Además, instó a los entes de control para que ataquen este delito. 

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política