Puntos claves del proyecto de 'paz total' que termina su trámite en el Congreso

Más allá de la posibilidad de adelantar diálogos de paz y que grupos ilegales dejen las armas, la reforma a la Ley 418, que cada cuatro años es prorrogada, contempla otros elementos que permitirán desarrollar la paz en el país según los objetivos del gobierno de Gustavo Petro.

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“Es el inicio hacia la profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión, pero sobre todo el inicio para pasar la página definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos, del retraso al que nos somete el conflicto armado, que nos debe conducir hacia la ‘paz total’, donde la vida sea digna y podamos vivir sabroso, en paz y dignamente”, aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Una de las principales novedades de la ley es la posibilidad de establecer el servicio social como una alternativa al militar obligatorio.

El Gobierno ha dicho que este artículo es fundamental, pues al estar construyendo la paz, los jóvenes pueden aportar a la sociedad de una manera diferente y no empuñar las armas. Por ejemplo, se podría trabajar con víctimas, fortalecer la alfabetización digital, cuidado de la naturaleza, entre otros aspectos.

Este punto fue debatido fuertemente, y la oposición argumentó que se estaba debilitando la incorporación a la Fuerza Pública. Sin embargo, tanto Prada como el ministro de Defensa, Iván Velásquez, argumentaron que el servicio militar obligatorio no desaparece.

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“No eliminamos el servicio militar obligatorio, sino que creamos una alternativa para que los jóvenes colombianos tengan distintas posibilidades, como la formación digital y el trabajo, precisamente para difundir los principios de paz y convivencia en el territorio, entre otros”, explicó Prada.

Pero este punto aún no es una realidad, pues en el Senado se hundió. No obstante, la expectativa del Gobierno es que en la conciliación se acoja el texto de Cámara, por lo que, si esto pasa, sí quedaría establecido.

Otra de las novedades que puede tener la ley –todo depende de la conciliación– es que se garantizará la priorización de los planes nacionales de desminado humanitario en todo el país, y los grupos ilegales que se acojan a la ‘paz total’ trabajarán en esto y serán quienes identifiquen las zonas rojas.

De otro lado, una de las medidas de reparación de los integrantes de grupos armados que se sometan a la justicia por esta vía, según lo que se acuerde, será la “reconciliación con la naturaleza”. Es decir, trabajarán en la protección y el cuidado del medioambiente.

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Y también se plantea la publicación de los documentos en fases “precontractual, contractual y poscontractual” que se realicen en el marco de la negociación para que la ciudadanía los conozca y haya un debate nacional. Esto se haría días después de que se suscriban y la Procuraduría y Contraloría harán vigilancia.

 La reforma a ley de orden público busca, además, que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los planes regionales, que se garanticen proyectos y políticas públicas enfocadas en la construcción de paz. Esto es importante porque, al estar incluidos en dichos programas, se garantizan sus recursos.

Igualmente se busca crear la figura de gabinete de paz, indicando que cada ministerio tendrá objetivos concretos en la materia.

En los textos aprobados también se contempla la figura de regiones de paz señalando que será el jefe de Estado quien las constituya para hacer diálogos y solucionar problemas humanitarios con un enfoque regional. Se priorizará a los municipios más azotados por la violencia y a los que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Pero, eso sí, estas regiones no serán zonas de ubicación ni de despeje, según lo contempla la ley.

“Con esta ley de ‘paz total’, iniciaremos la definición de las regiones de paz. No es lo mismo hacer la paz por las condiciones culturales, geográficas, de ubicación, etc., que por el tipo de delincuencia o por el tipo de actividad política violenta que se desarrolla en el Pacífico colombiano, o en Nariño, o en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en Norte de Santander o en el sur o en el norte del Cauca”, explicó el ministro Prada.

De otro lado, organizaciones humanitarias en regiones de conflicto podrán adelantar os con grupos armados con fines “exclusivamente humanitarios”. Pero, aclara el proyecto, esto será con autorización previa del Presidente de la República.

Otra de las novedades es que toda negociación deberá garantizar enfoques étnicos, de género, ambiental, libertad religiosa. Así mismo, las víctimas estarán priorizadas.

También se establece la creación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, el cual contempla incentivos para que toda persona entregue de forma voluntaria las armas de fuego.

“La paz se incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y fungirá como una política de Estado para que las istraciones futuras cumplan lo pactado”, aseguró el representante a la Cámara Alirio Uribe, quien fue el ponente del proyecto en esa corporación.

REDACCIÓN POLÍTICA

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