Reforma del código electoral: el debate que pasó desapercibido en el Congreso

Justo cuando el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth Escaf, anunciaba que el debate de la reforma de la salud nuevamente era aplazado, ante la llegada de las 133 proposiciones de conservadores y ‘la U’, la Comisión Primera del Senado anunciaba que había discutido la totalidad y aprobado el articulado del proyecto de código electoral.

Aunque el proyecto es de suma importancia, pues modifica la estructura del sistema electoral, fue eclipsado por el tire y afloje entre el Gobierno y parte de su bancada. Este fue tan solo una muestra más de la forma como la discusión de dicha iniciativa pasó inadvertida para la opinión pública.

En el debate, que tomó más de tres semanas, se retiraron puntos incómodos como la reforma del sistema de registro civil del país, uno de los aspectos que agregó el registrador Alexánder Vega cuando radicó de nuevo el proyecto, luego de que lo hundió la Corte Constitucional por vicios de trámite. También se eliminó el voto anticipado, que era una preocupación de sectores de oposición y afines al Ejecutivo, pues consideraban que podía ser aprovechado para actos de corrupción electoral.

Otro de los apartados que ya no están en el texto, que ahora será debatido en la plenaria del Senado, es la creación de nuevos registradores municipales para lo electoral. Asimismo, se quitó el artículo que, de acuerdo a varios senadores, le otorgaba a la Registraduría un monopolio sobre la autenticación por medio de biometría.

No obstante, aún siguen varios temas que despiertan dudas y temores. El más importante es el voto electrónico. Senadores como David Luna, de Cambio Radical; Humberto de la Calle, de Verde Oxígeno, y otros expresaron en el debate sus reservas ante la posible manipulación de los resultados por medio de hackeos o acciones similares. En este mismo camino cuestionaron la posibilidad de voto electrónico en regiones apartadas del país, tanto por la falta de fluido eléctrico como por las dificultades que implicaría la transmisión de los resultados.

Con reparos similares se manifestó la Misión de Observación Electoral (MOE). Alejandra Barrios, directora de la veeduría, comentó que las reservas pasan por lo cerca que se fija la adopción de esta modalidad de sufragio. “El proyecto no lo establece como una posibilidad futura, sino que hay una cantidad de acciones para que se adopte desde 2026 y eso genera mucho nerviosismo. Hay muchas dudas que no están resueltas y que deben aclararse”.

De acuerdo con Barrios, hay preguntas en cuanto a cuál modelo se aplicará, pues, aunque se habla del uso de la modalidad híbrida –voto electrónico con un comprobante en físico–, no se responden aspectos básicos como cuáles son los software y máquinas que se usarán. “¿Serán propios o se alquilarán?” fue otro de los cuestionamientos de la cabeza de la MOE.

También comentó las dudas sobre los pocos detalles de las auditorías que fueron aprobadas en el texto de primer debate.

El senador Ariel Ávila coincidió en que la falta de exigencias en el apartado de las auditorías de los software que se usen en las distintas etapas del proceso electoral genera múltiples incógnitas y es un tema que debe quedar mejor desarrollado en las próximas ponencias.

Asimismo, expresó que es bastante debatible el artículo que consagra a los registradores municipales como funcionarios de libre nombramiento y remoción. Para Ávila y otros senadores, es una fórmula para convertir las seccionales de la Registraduría en fortines burocráticos y sembraría dudas sobre la imparcialidad de estos para la organización de los certámenes democráticos.

El texto impulsado por la Registraduría carga con otros interrogantes. No obstante, el tema no solo pasa por los posibles reparos, sino por los tiempos para poder aprobar este proyecto. Debido a que entra a modificar un derecho fundamental, el de elegir y ser elegido, obligatoriamente deber ser tramitado como ley estatutaria.

Esto significa, entre otras cosas, que debe ser debatido en un plazo máximo de un año.

El registrador Alexánder Vega madrugó a radicar el texto en agosto del 2022, por lo que debe ser debatido y aprobado a más tardar el 16 de junio de 2023. Aunque aún faltan dos meses, hay otros temas que tiene prelación y acapararán la agenda.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Política