Al igual que sucedió hace algunas semanas, el tema de los sueldos de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado volvió a ser polémica, luego del anuncio de sectores de la oposición de presentar un proyecto de ley para modificarlos.
La iniciativa fue anunciada por el senador del Polo Iván Cepeda, quien dijo que se trata de un proyecto de ley que se había presentado y no tuvo éxito en el Congreso y que la idea es que “los servidores públicos tengan las mismas obligaciones y derechos que todos los demás ciudadanos, para lo cual es necesario un equilibrio en materia salarial”.
Según el último ajuste, decretado para 2020, el salario actual de los legisladores y otros altos funcionarios del Estado quedó en 34'417.000 pesos.
“La fórmula que habíamos presentado inicialmente era que se pagara por sesión, pero estamos dispuestos (…) a llegar a acuerdos sobre otra manera. En esto no cabe una posición inamovible. Lo fundamental es que haya equilibrio en materia de ingresos con relación al resto de los ciudadanos”, afirmó el congresista del Polo.
Cepeda propuso que también se eliminen “tratamientos” que den a entender “que los congresistas y otros funcionarios del Estado tenemos un estatus superior al del resto de los ciudadanos”, como, por ejemplo, que se les llame “honorables”.
Viabilidad
Sin embargo, entre varios congresistas de diferentes partidos políticos circulan dos documentos elaborados por el representante a la Cámara por Cambio Radical César Lorduy en los que hay argumentos que indican que este tipo de propuestas no serían viables.
Lorduy le dijo a EL TIEMPO que “se trata de unos documentos técnico-jurídicos-académicos sobre la viabilidad de congelar los salarios de los congresistas y otros altos funcionarios, pero que no buscan adoptar una posición de la bancada de Cambio Radical ni del partido sobre este tema".
El primero de estos dos documentos desmiente algunas menciones que se han hecho en medios de comunicación sobre estos sueldos, y el segundo cita algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional que indicarían la inviabilidad de este tipo de propuestas, las cuales no son nuevas en el Congreso.
Se espera que el nuevo proyecto de ley comience su trámite en marzo próximo, cuando se retomen las sesiones ordinarias del Congreso.
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