Fuerza Pública desmoralizada, desfinanciada y paralizada

entregará en 2026 una Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía) desmoralizada, desfinanciada e inmovilizada. La consecuencia de este deliberado debilitamiento ha sido una pérdida de territorio del Estado que desde hace 25 años no se sentía en Colombia. Un vacío territorial que hoy se disputan el ‘clan del Golfo’, el Eln, las disidencias de las Farc y demás organizaciones mafiosas, amparadas en la ‘paz total’ y en el régimen dictatorial de Maduro, que les ofrece santuario más allá de nuestra frontera.

La recuperación de la moral, el fortalecimiento presupuestal, el restablecimiento pleno de sus capacidades de movilidad y proyección de fuerza son prioridad en una estrategia cuyo objetivo inmediato debe ser la recuperación territorial. En una segunda fase, el objetivo estratégico será la estabilización y consolidación, es decir, una presencia estatal integral e interagencial permanente, con un componente prioritario de infraestructura y oferta de política social.

La gran lección aprendida del proceso de La Habana es que, sin una presencia consolidada del Estado social de derecho en todo el territorio, el vacío que deja las Farc y que no ocupa el Estado entra a ser violentamente disputado por las organizaciones criminales.

Durante el actual gobierno, se ha debilitado la moral de la Fuerza Pública. La percepción de corrupción, los bajos sueldos y la falta de recursos han afectado negativamente la moral de los oficiales y soldados. Además, hubo una disminución del reclutamiento y la retención de personal capacitado, lo que ha resultado en una Fuerza Pública más reducida y menos eficiente.

El presupuesto destinado a la defensa y seguridad ha enfrentado recortes severos. Esto ha impactado negativamente la capacidad de la Fuerza Pública para mantener sus operaciones diarias, proyectar fuerza y combatir en los corredores logísticos vitales para las rentas criminales. Los recortes presupuestales afectaron la adquisición de nuevas tecnologías, la capacitación de personal y el mantenimiento de equipo esencial, como los helicópteros.

La complejidad de la topografía del país y la falta de infraestructura vial convirtieron los helicópteros militares en el activo estratégico más importante de las Fuerzas Militares. En situaciones hostiles, permiten transportar tropas, realizar misiones de búsqueda, recuperación y rescate en combate, asaltos aéreos, interdicción y operaciones especiales. En situaciones no hostiles permiten misiones de extinción de incendios, evacuación de heridos y atención a desastres humanitarios.

Esas razones han justificado, desde principios de los 90, el crecimiento significativo, por ejemplo, de la flota de helicópteros del Ejército. En parte por el apoyo de Estados Unidos, pero también por el esfuerzo realizado por varios gobiernos de Colombia que entendieron la necesidad de otorgarle movilidad ágil y segura a la Fuerza Pública en todo el territorio nacional.

Los medios de comunicación visibilizaron el deterioro de la flota de helicópteros rusos MI-17 que transportan tropas y carga. Sin embargo, la Fuerza Pública cuenta con una importante flota de helicópteros tipo UH-60 o Black Hawk de fabricación estadounidense, la cual ha perdido capacidad de operación al punto de que hoy, en el Ejército, de 53 aeronaves de ese tipo están en línea de vuelo un escaso 35 por ciento, apenas 18 helicópteros.

Los retos principales se refieren a que hoy no hay visibilidad del presupuesto ni el inventario que requiere la flota para operar. Los escasos helicópteros que se encuentran disponibles están siendo sobrevolados. En parte porque no hay suficientes aeronaves en línea de vuelo, pero también por el impacto que ha tenido la guerra de Rusia contra Ucrania en la inoperancia de la flota de helicópteros MI-17, hoy existe una suspensión en su cadena de suministro.

El sobrevuelo de la flota de helicópteros afecta la programación de las horas de vuelo y acelera el ritmo de las inspecciones de mantenimiento programado. El Ejército va a enfrentar una cantidad insostenible de inspecciones de mantenimiento que a muy corto plazo limitará aún más la disponibilidad operacional de la flota.

Las inspecciones de mantenimiento programado duran en general meses, y el Ejército afrontará dos problemas cuando llegue el acumulado de inspecciones represadas.

Primero, la falta de personal (un equipo de mantenimiento tiene mínimo 6 personas). El Ejército ha subcontratado el mantenimiento por falta de personal propio. Los equipos contratados no darán abasto para ejecutar el número de inspecciones que se vienen en cascada.

Segundo, en la ejecución de las inspecciones programadas salen imprevistos que, al no tener un inventario adecuado, retrasan el flujo de la inspección y dejan los helicópteros en tierra meses mientras se consiguen recursos para iniciar los procesos de contratación de los faltantes.

La recuperación de la movilidad helitransportada del Ejército va a requerir un esfuerzo sostenido de varios años, teniendo en cuenta que los conflictos internacionales han estresado las cadenas de suministro aeronáutico. Si no comenzamos hoy, en el 2026 no se contará con esta capacidad en el país y recobrarla tomará varios años. Esto tendrá previsiblemente una incidencia directa en la posibilidad de ejecutar un plan de recuperación territorial y requerirá acciones que articulen el Gobierno, la embajada y la industria.

La política de ‘paz total’ propuesta por este gobierno ha tenido consecuencias significativas en la presencia territorial de la Fuerza Pública. La retirada parcial o total de las fuerzas de ciertas áreas ha permitido el avance de estructuras criminales como el ‘clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc, entre otras estructuras mafiosas.

La retirada militar y la falta de presencia estatal en ciertas regiones han permitido que estos grupos criminales expandan su control territorial, afectando la seguridad y el orden público. La pérdida de territorio no solo implica una disminución de la capacidad de control del Estado, sino también un aumento de la criminalidad y la violencia en las áreas afectadas.

Es hora de poner en práctica un proceso de estabilización que permita neutralizar factores de inestabilidad para lograr control institucional del territorio mediante una acción unificada de todos los elementos del Estado. Esto es, producir unos índices de gobernabilidad que permitan la convergencia de niveles de vida urbana y rural que coadyuven al desarrollo regional y al bienestar de todos los colombianos.

Este esfuerzo debe concentrarse en los 160 municipios priorizados, pues son los más afectados por los factores de inestabilidad que todavía subsisten en el territorio nacional. Las tareas de estabilización que son mecanismos para la construcción de la paz se deben orientar, en primera instancia, a fortalecer la seguridad, garantizar una justicia efectiva y eficaz, incrementar el bienestar social mediante el desarrollo económico del país con una infraestructura moderna y un fortalecimiento institucional.

Juan Manuel Galán