UNP solo itió 16 % de solicitudes de protección de líderes sociales

Mientras en el país semana a semana se conocen casos de amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Gobierno Nacional acaba de elaborar un documento, conocido por este diario, en el que se desprende que las cifras vienen con tendencia a la baja.

De acuerdo con el documento, basado en cifras de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, en lo corrido de 2020, a pesar del confinamiento producto de la pandemia del covid-19, se han verificado 47 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El informe, enviado por Ministerio del Interior al Congreso de la República, hace un recuento de cómo ha evolucionado este flagelo en los últimos años en el país.

De esta manera, en 2016 se presentaron 61 asesinatos de líderes sociales; en 2017 la cifra subió a 84, para 2018 se presentó el mayor pico cuando se registraron 115 homicidios, en 2019 se llegó a 108 y en lo corrido de 2020 se han verificado 47 asesinatos de líderes.

Pero el apartado que más llama la atención es en el que el Ministerio del Interior calcula la variación en cuanto a homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos entre un año y otro.

Así, el documento evidencia que, entre 2016 y 2017 los asesinatos crecieron 38 por ciento; entre 2017 y 2018 el aumento fue del 37 por ciento, pero en lo que corresponde a 2018 y 2019, que concierne al actual Gobierno, hubo una disminución del 6 por ciento, al pasar de 115 homicidios a 108.

Frente a estas cifras, desde Redepaz aseguran que si bien en 2019 hubo una muy leve disminución, “esta no puede ser una cifra que satisfaga a la sociedad, el Gobierno se está acostumbrando a altas cifras de asesinatos de líderes, como si fuera algo natural”.

De acuerdo con lo anterior, los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Córdoba, Cesar, Bolívar, Chocó, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, tienen mayor probabilidad de afectación a los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En las agresiones contra esta población, según lo dijo hace algunos días la consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, confluyen fenómenos criminales como el accionar de grupos armados organizados, narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierras.

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Además de las dolorosas cifras de asesinatos que maneja el informe, lo que más causa preocupación del documento elaborado por el Ministerio del Interior tiene que ver con las solicitudes de protección hechas por líderes sociales.

Entre el primero de enero y el 16 de agosto de este año se presentaron 6.756 solicitudes de protección por parte de líderes sociales, pero apenas el 16 por ciento (1.093) fueron itidas para iniciar la ruta de protección,

Un caso similar ocurre con los defensores de derechos humanos: se presentaron 3.053 solicitudes, pero solo 474 fueron itidas para iniciar la ruta de protección. Es decir, solo el 15 por ciento.

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Para explicar esta situación, el informe indica que “la Unidad Nacional de Protección atiende todas las solicitudes de protección enviadas; no obstante, la totalidad de las solicitudes de protección no refieren el pleno de la información y documentos necesarios para activar la ruta de protección e iniciar un estudio de nivel de riesgo. Por tal razón, es significativo indicar que la totalidad de las solicitudes de protección no generan la activación de un estudio de nivel de riesgo”.

Sin embargo, esta explicación no dejó tranquilas a las organizaciones sociales, desde donde consideran que se están “recortando” los servicios a los líderes.

“Lo que están haciendo es negar las solicitudes, impedir el de los líderes y lideresas que lo solicitan; están recurriendo a recortar el servicio o a prestarlo con herramientas que no son suficientes. El Gobierno todavía no ha logrado entender que las medidas de protección individual son complementarias a una política de Estado que garantice la vida de los líderes”, manifestó Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz.

El Gobierno tiene una estrategia que involucra dos pilares para las garantías del ejercicio del liderazgo social: Prevención y protección, que lidera el Ministerio del Interior y cuyos principales aliados son gobernadores, alcaldes, entes de control y organizaciones sociales, y Seguridad, que lidera el Ministerio de defensa y ejecutan las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

“La Consejería para los Derechos Humanos, por su parte, debe recoger la información y hacer recomendaciones al Gobierno. El Presidente lleva un control de la información. Debemos enviarle las cifras que reflejen lo ocurrido cada semana”, dijo la consejera Nancy Patricia Gutiérrez.

Igualmente, el documento señala que el Ministerio del Interior ha “adoptado mecanismos virtuales para continuar desarrollando, en el marco de sus competencias, las tareas propias para la prevención, promoción y garantías de los derechos humanos de los líderes y defensores”.

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También se adoptó el Plan de Acción de Oportuna, una estrategia “fundamentada en la identificación, la prevención de las situaciones de riesgo, y la respuesta articulada de las distintas entidades estatales, según las dinámicas territoriales, con el objetivo de asegurarles a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas las condiciones que les permitan realizar su labor”.

Justamente este tema será discutido en un debate que se realizará este miércoles a partir de las 2 de la tarde y fue citado por los congresistas de la bancada de oposición de la Cámara baja, entre ellos, las Representantes Ángela María Robledo, María José Pizarro, Katherine Miranda y los parlamentarios León Freddy Muñoz Lopera, Luis Alberto Albán y Omar de Jesús Restrepo e Inti Asprilla

Dentro de los funcionarios que en esta oportunidad deberán responder por la crítica situación que enfrentan hoy día los líderes y lideresas sociales, se encuentran la Ministra del Interior, Alicia Arango, el Ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo y el Ministro del Medio Ambiente, Ricardo José Lozano.

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Igualmente fue invitado en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el actual mandatario Iván Duque Márquez, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación José Emilio Archila y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Riveroi.

JAVIER FORERO ORTIZ

REDACCIÓN POLÍTICA