'No hay ningún propósito de impunidades': Danilo Rueda sobre proyecto de reconciliación

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, precisa en diálogo con este cronista para EL TIEMPO de qué se trata la discusión en el Congreso sobre el proyecto de ley que pretende desarrollar el “gran acuerdo nacional” que el primer mandatario ha propuesto.

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El Presidente, en un discurso en Ciénaga de Oro, dijo que “se hará una ley de reconciliación nacional” para que “quienes hayan sido incursos en la ilicitud y la violencia puedan tener un camino y un vivir en esta nación. Una vez se aleje de su cerebro la idea de matar al compatriota y despojar al compatriota humilde. Este gobierno va a hablar, pero eso no consiste en arrodillarse”, expresó el mandatario.

Reitera que no se trata de un perdón judicial, ni de amnistía ni indultos, sino de la construcción conjunta de un proyecto de país con justicia social y ambiental, que ha sido un propósito permanente del presidente Petro.

Es la posibilidad de un reencuentro de los colombianos para la convivencia. El narcotráfico, más allá, de su expresión criminal, ha causado hondas repercusiones en el tejido social, la estructura institucional y los soportes éticos de la nación, y, en esa medida, no puede estar excluido de una apuesta ambiciosa como es la de que todos los actores y factores de violencia encuentren un camino para que, mediante acuerdos que conduzcan al cese de la violencia, la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición, en el marco de la Constitución y la ley, se reencuentren en el horizonte de un nuevo país en paz.

Esa, como el conjunto de decisiones del cese de las violencias, debe llevar a un acuerdo nacional.

Asociar la posibilidad de una ley de reconciliación con un perdón judicial vicia los propósitos, condiciones e incentivos que pueda plantear la iniciativa. Siempre he manifestado que la normatividad vigente es respetada, el indulto o amnistía es inexistente y todos los tratados internacionales y convenciones como las de Palermo se respetan. (La Convención de Palermo es un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas, en contra del crimen organizado trasnacional).

¿Pero este plan de reconciliación se propondría como proyecto de ley?

Tal como lo ha planteado el señor Presidente se requiere de un proyecto que haga tránsito por el Congreso. Hemos conocido de diversas iniciativas de senadores en esa materia, que requerirá la presentación y discusión en el Congreso. El propósito es paz sin impunidad, es la transformación de la actual situación de conflicto armado, criminalidad de diverso carácter y variedad de expresiones de violencia urbana y rural para cimentar las bases de un país de derecho y de Estado de derecho en todo el territorio nacional.

En el momento sabemos que hay una iniciativa parlamentaria, desconozco los detalles, pero lo que siempre he planteado como política de nuestro gobierno y con base en los estándares internacionales es que los derechos de las víctimas y los aportes sustanciales en materia de desmantelamiento deben quedar consignados.

Es de anotar que el proyecto que sea, es un herramienta más al lado de la política de desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo que se deriva de uno de los puntos del acuerdo del Teatro Colón.

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La paz y la reconciliación son propósitos nacionales. Sin distingo todos los partidos y movimientos políticos así como organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos e impulsoras de la paz expresan su compromiso con la posibilidad que se allanen los caminos que nos lleven a la convivencia, a la resolución pacífica de conflictos, a una política criminal humanizada y efectiva, a enfrentar la impunidad con perspectivas de derecho restaurador, y ejercer con plenitud nuestros derechos; lo que permite presumir que es posible un acuerdo para sacar adelante una iniciativa de ley sustancial.

Este asunto, como la desigualdad rampante en nuestro país, los asuntos ambientales y el cese del uso de la violencia en la política y en las economías ilícitas son parte de la gran apuesta del pacto nacional.

Este gobierno no es cómplice del delito, lo está demostrando con contundencia en la lucha contra el narcotráfico, pero sí aspira a un país reconciliado y en paz. El perdón social no es impunidad, es una decisión colectiva que en nada significa el olvido, que apunta a reconocer el pasado y que reconociendo las trizas del presente nos lleve en el respeto a las diferencias sin matarnos, a parar la acumulación de la riqueza con asesinatos, desapariciones, despojados, torturados.

Su pregunta parte de la base de que se está contemplando que no habrá sanciones y, por el contrario, indultos y amnistías. Y ese no es el presupuesto, sino un titular efectista.

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Puede establecer incentivos jurídicos para que grupos criminales desmantelen sus actividades, por supuesto condicionados a ofrecer información efectiva de identificación de bienes, redes, infraestructura y responsables. Aquí ya se ha intentado y es mecanismo utilizado en Estados Unidos y otros países. Por otra parte, el gobierno de ese país comparte la visión del nuestro de un replanteamiento general a la política de lucha contra las drogas de uso ilícito. Hoy en el país no se persigue al pequeño cultivador empobrecido, estigmatizado y fumigado.

El Gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, desarrolla una incansable persecución y destrucción de drogas y captura de delincuentes. Igualmente, hay una lucha frontal contra otras formas de economía ilícita. La mira está puesta en cortar las fuentes y mecanismos de trasiego de los capitales del narcotráfico. De manera que no hay concesiones, sino una posibilidad de desmontar en conjunto los factores de inseguridad y violencia en el país.

Más allá del crimen en sus connotaciones penales individuales, el narcotráfico ha causado estragos sociales de honda repercusión cuya reparación es difícil y llevará años; potencia las violencias y criminalidades armadas, desbarata las economías campesinas, precariza al campesinado, afecta el bienestar de comunidades enteras, mantiene en intranquilidad a las poblaciones, corrompe los referentes éticos y morales de una vida digna. Superar ese drama es el horizonte de una política de reconciliación y de paz justa.

Dentro de esta nueva propuesta aún no porque desconozco los contenidos de la ley que se rumora está en construcción. No hay ningún propósito de impunidades ni de pactos existentes. Mantenemos os con grupos armados e interviniendo permanentemente para que se respeten la vida y las libertades humanistas.

El Gobierno ha sido claro y la ley de paz total que rige nuestro trabajo es taxativa en cuanto a la caracterización y tratamiento de los actores de violencia en el país. Todo lo que hemos propuesto se ajusta al derecho interno e internacional, a la Convención de Palermo. Nada es impunidad aunque así lo hagan ver algunos sectores mediáticamente. La ley de sujeción quedó ahí. Eso nos ha permitido la posibilidad de hacer precisiones, escuchar razonamientos y afinar instrumentos que coadyuven a hacer claridad hacia una nueva propuesta. Nuestros borradores de propuestas estarán dispuestos en su momento para el debate.

No puedo compartir que la solución a la violencia es dejar de perseguir el narcotráfico. Sí que el narcotráfico ha sido principal potenciador de la violencia en el país y que la actual política antinarcóticos en el mundo contribuye a esta situación. Por eso, a la vez que se golpea con contundencia los grandes poderes detrás del negocio ilícito, se busca que distintos eslabones de la cadena se avengan a una propuesta en favor de lograr condiciones de paz y reconciliación.

Cualquier iniciativa en ese sentido estará estrictamente apegada a la Constitución y a la ley. La Oficina de Paz no negocia con el narcotráfico.

No se ha hablado de negociaciones con el narcotráfico, insisto, nunca hemos negociado ni negociaremos.

En todos los casos se establecen presupuestos jurídicos y condiciones previas de generación de confianza, desescalamiento y cese de hostilidades, muestras efectivas de voluntad con hechos demostrativos que den certeza de la transparencia en el acercamiento a la oferta del Estado y en beneficio de las comunidades afectadas por la agresión de distintas procedencias. Son circunstancias para superar en busca de ese anhelo nacional que es la paz.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO