Tensión entre el Gobierno y la ONU por informe de DD. HH.

El Presidente se mostró ‘preocupado’ por el reporte anual. Esto dicen los analistas.

Por orden del Presidente, las Fuerzas Militares y de Policía están en alietamiento de primer grado. Foto: César Melgarejo / (Archivo EL TIEMPO)

Armando Neira

EDITOR POLÍTICO27.02.2020 20:51 Actualizado: 28.02.2020 00:38

27.02.2020 20:51 Actualizado: 28.02.2020 00:38

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Un fuerte pulso, con consecuencias imprevisibles para la política exterior del país, quedó planteado este jueves entre el Gobierno Nacional y la Organización de Naciones Unidas (ONU). La tensa situación se generó tras la publicación del informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Si bien el documento se había dado a conocer en Bogotá, en la mañana del miércoles, con tímidas reacciones, este jueves escaló a nivel de confrontación cuando el presidente de la república, Iván Duque, habló de una “intromisión en la soberanía”.

El jefe de Estado se refirió en particular a la recomendación de Naciones Unidas de modificar la vigilancia de instituciones como la Policía. Varios analistas, sin embargo, interpretaron que el informe no era de su agrado.

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“Respetando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior. Ese es un debate que les corresponde a las autoridades colombianas en el marco de la institucionalidad colombiana”, dijo Duque.

Es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior

El mandatario hizo la afirmación casi al mismo tiempo que en Ginebra (Suiza) la alta comisionada Michelle Bachelet presentaba formalmente el documento. Allí, ella ya había recibido un dosier de la Cancillería de Colombia en el que le decían que lamentaban que su oficina hubiera dejado “pasar la oportunidad de producir un informe completo, balanceado e integral”.

Según el informe, en algunas regiones de Colombia existe una “violencia endémica” y los niveles de conflictividad han aumentado. De acuerdo con lo revelado por el organismo internacional, en 2019 se presentaron en el país 36 masacres, que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por esta oficina desde 2014.

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Los principales responsables de estos hechos, según las 1.151 misiones en el terreno realizadas por la ONU, serían grupos criminales como el ‘clan del Golfo’, el Eln y ‘los Caparrapos’, que, en medio de la disputa por el control de economías ilícitas, asesinaron a 108 defensores de derechos humanos.

El Gobierno, por su parte, considera que la oficina hace una lectura incompleta de la realidad y se lamenta de que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). “Cuando empezó nuestro gobierno había solamente dos, hoy hay dieciséis. Estamos acercándonos a 680 obras por Pdet, vamos a llegar a 700 muy pronto, hemos activado el sistema de obras por impuestos (...) nada de eso se dice, pero se descalifica el trabajo de los Pdet”, dijo Duque.

En una realidad tan compleja como la que vive el país es difícil trazar una frontera sobre quién tiene la razón. Marcos Peckel, analista y asesor sobre temas internacionales, por ejemplo, dice que es Colombia la “que tiene que decir, tiene que defender la soberanía y sus instituciones, más allá de lo que Naciones Unidas piense o haga, que en últimas me parece irrelevante”.

Sandra Botero, doctora en Ciencia Política, dice: “El informe recoge cosas que son un hecho, pues hemos visto el recrudecimiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas del país y recoge cifras que, aunque al Gobierno no le gustan, están sucediendo y es necesario resaltar”.

Botero además señala que el informe es una recomendación o sugerencia y que la reacción del Gobierno es porque "pone sobre la mesa cifras que no le convienen al gobierno colombiano en el escenario internacional".

En cambio, Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario y experto en relaciones internacionales, no vacila en afirmar que “hay un desconocimiento por parte del presidente Iván Duque de cómo funciona el sistema de protección, promoción, defensa de derechos humanos de Naciones Unidas”.

Para él, en el caso que más parece haber incomodado al jefe de Estado, “obviamente ninguna de esas recomendaciones viola la soberanía de Colombia porque son para mejorar las relaciones de la Policía con la gente”.

Tiene que defender la soberanía y sus instituciones, más allá de lo que Naciones Unidas piense o haga, que en últimas me parece irrelevante

Esta no es la primera vez que se presentan diferencias entre esta oficina y el Gobierno. En octubre pasado hubo polémica por la demora de la istración de Iván Duque en renovar el acuerdo con este organismo.

Sin embargo, después de varios días de rumores y tensión, el Gobierno y la Oficina de la ONU de Derechos Humanos firmaron un nuevo acuerdo para la oficina que tiene esa entidad en Colombia desde 1997. El mandato se renovó por tres años.

ARMANDO NEIRA- EDITOR POLÍTICA

LUISA MERCADO - REDACCIÓN POLÍTICA

‘Asesinatos de líderes sociales llegaron a niveles históricos’

En medio del pulso abierto entre el Gobierno Nacional y la ONU por la situación de derechos humanos en Colombia, ayer se conoció otro inquietante informe.

Los asesinatos de activistas y defensores de derechos humanos llegaron el año pasado a “niveles históricos” en el país. Así lo denunció Amnistía Internacional (AI), que en su informe ‘Los derechos humanos en las Américas: retrospectiva 2019’ señaló que “la violencia provocada por el conflicto armado interno en curso y por las disputas sobre el control territorial tras la firma del acuerdo de paz de 2016 causó estragos”.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, citadas en el estudio, entre “la firma del acuerdo de paz en (noviembre de) 2016 y junio de 2019 habían muerto de manera violenta 482 defensores y defensoras de los derechos humanos”.

Ente tanto, la ONG Somos Defensores, también citada por AI, “registró 591 ataques contra defensores y defensoras (29 por ciento de mujeres y 71 por ciento de hombres) entre enero y junio de 2019, que incluían 59 homicidios y 477 amenazas de muerte”.

Según AI, el año pasado continuó la preocupación en Colombia “ante la impunidad de los crímenes” cometidos durante el conflicto armado, así como contra defensores de derechos humanos y la violencia contra las mujeres, “en especial la violencia sexual”.

“La ausencia de autoridades del Estado y su desatención hacia los territorios controlados por las Farc dejaron un vacío de poder en zonas históricamente disputadas por varios grupos armados por sus recursos naturales o su ubicación estratégica”, detalló.

Esto agravó “problemas estructurales” como desigualdad, exclusión y pobreza extrema, que afectan principalmente a campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas, “con distinto impacto en función del género”.

Como ejemplo de la violencia que vivió el país el año pasado, AI citó lo ocurrido en octubre en el turbulento departamento del Cauca, donde 15 personas, entre ellas cinco líderes indígenas, fueron asesinadas en cinco días.

“La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) declaró que en el país moría de manera violenta una persona indígena cada tres días”, citó.

El organismo insistió en que esos ataques están relacionados con “causas estructurales del conflicto armado”, como disputas en torno a la tierra y los recursos naturales.

“Muchos defensores y defensoras participaban en la reclamación de derechos colectivos relativos al reconocimiento y la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas”, resaltó el organismo en el preocupante informe.

EFE

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