¿En qué queda el rol de Colombia en las elecciones de Venezuela tras descartar envío de observadores técnicos al proceso?

Hace menos de un mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores se reunió con la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, con el propósito de obtener una opinión técnica de los tiempos para organizar esa veeduría. Sin embargo, la directora le manifestó al canciller que tal y como están los plazos -hoy quedan dos meses exactos para los comicios- resulta imposible estructurar la misión con todos los rigores del caso.

"Teníamos la intención de enviar unos observadores técnicos. Tuvimos conversaciones con Alejandra Barrios (directora de la MOE) para hacer esa observación, sin embargo, por el tiempo no se podía estructurar una observación con las características técnicas que exigía la MOE", sostuvo el canciller.

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EL TIEMPO consultó a Alejandra Barrios por ese diálogo con el ministro y la directora confirmó la conclusión. "Lo que conversamos es que los tiempos no son suficientes. Si se quiere hacer una misión de observación electoral sólida se necesita definir primero los temas: censo electoral, financiación de las campañas, la equidad en las condiciones de competencia electoral o cómo son las tecnologías que soportan el voto y la transmisión de la información. Es un menú tan grande que posteriormente se entra a negociar con el gobierno que invita y eso normalmente se hace seis meses antes de las elecciones", expuso a este diario.

Para Barrios, la decisión de Murillo demuestra "el respeto que tiene la Cancillería por el pueblo venezolano. Si no se iba a hacer una observación electoral seria y técnicamente solvente, es la mejor decisión".

Para los expertos en relaciones internacionales, esa determinación contiene tres elementos que la sustentan: los plazos para la preparación, la posible instrumentalización de esa misión para legitimar acciones fuera del ordenamiento legal y la falta de voluntad política del oficialismo venezolano para abrir las puertas a un verdadero despliegue de veeduría.

"Esto impone muchos costos para organizar una misión electoral: capacitación del personal en el sistema electoral venezolano, priorización y despliegue en los distritos electorales así como la misma convocatoria para lograr el número de sus . Por otro lado, creo que otro obstáculo podría haber sido la autorización del mismo gobierno venezolano", dice el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana Manuel Camilo González.

Dicha capacitación, según Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, podría tomar al menos un año: "Un proceso de observación es un proceso que arranca muchísimo antes de la elección de la campaña y que tiene una serie de procesos de dinámicas que no se pueden improvisar. Colombia no tiene experiencia en la dinámica de acompañamiento electoral, habitualmente esto lo suelen hacer actores multilaterales con equipos altamente capacitados y entrenados que conocen la legislación electoral del país que se apropian", explica.

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Ahora bien, ¿por qué no se planeó con antelación? Los analistas señalan que tiene que ver más con la poca voluntad política del régimen de tener la participación de observadores calificados que se evidencia en la pronta y rápida convocatoria a elecciones.

"El régimen adelantó las elecciones las tenía que hacer en el segundo semestre de 2024 y las hace en julio, precisamente para evitar la participación de observadores calificados", comenta Rodríguez.

La decisión de Colombia se conoce justo dos días después de que la autoridad electoral de Venezuela retiró la invitación a la Unión Europea para observar las presidenciales debido a que el bloque ratificó sanciones individuales contra altos dirigentes del gobierno de Maduro.

"La esperanza estaba cifrada en que la Unión Europea pudiese activar todos los mecanismos y acompañar dicho procedimiento a pesar de que los tiempos no daban", expone el investigador de la Universidad del Rosario.

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Por lo anterior, coinciden en que se trata de una respuesta "completamente sensata" de Murillo. Y es que la posibilidad de que el país fungiera de observador electoral también prendió alertas por la posibilidad de legitimar un proceso electoral lleno de vicios.

"Sería un acompañamiento a un proceso que, de por sí, está viciado de forma y de fondo”, sostiene Érika Rodríguez, analista y profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

A pesar de esto, el canciller aseguró que igualmente "algunas personalidades colombianas van a estar en esa observación", sin especificar cuáles. González recuerda que en los últimos años, Venezuela no ha avalado la figura de observador sino de acompañante electoral lo que seguramente encaja más con el envío de ciertas personalidades al proceso de julio.

Sobre el seguimiento del proceso electoral en Venezuela, en la Cancillería ya se entabló una ruta: la no intervención en los asuntos internos del país vecino y el respeto a su soberanía. "Queremos guardar mucha prudencia. Cero protagonismo. También poder contribuir en lo que esté en nuestro alcance y se solicite por parte del gobierno, las autoridades y el pueblo venezolano. Ese es nuestro proceder en este momento", comentó Murillo.

Para Paula Ruíz, docente Universidad Externado de Colombia, este escenario cambia ligeramente las pretensiones iniciales del Gobierno, que apostó a que su mediación (adecuada además por una afinidad ideológica) facilitaría unas elecciones democráticas trasparentes.

"En este momento, estratégicamente para el gobierno colombiano lo mejor es alejarse y no tomar partido. Por un lado, no quiere una confrontación con Venezuela, pero por el otro, tampoco quiere dar la pelea a nivel interno para seguir justificando una situación en la que ya quemó sus cartuchos. La verdad no creo que el Gobierno haya perdido fuerza, no la ha tenido . Todo esto solo demuestra que el gobierno de Maduro seguirá en el poder", dice la docente.

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Esta anunciada prudencia también podría relacionarse con un intento de no incomodar la sensibilidad del chavismo. Y es que cuando la Cancillería y el Presidente comenzaron a pronunciarse por la inhabilitación de los principales opositores en cabeza de María Corina Machado, desde el Palacio de Miraflores llegaron reprimendas.

“Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de los EE. UU., la Cancillería colombiana da un paso en falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos”, escribió el canciller Yvan Gil.
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​Incluso, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó al duramente al canciller Luis Gilberto Murillo por referirse a las presidenciales en el país vecino. "Este es un funcionario norteamericano, este no trabaja para el Gobierno colombiano. Ocúpese de los asuntos internos de Colombia", apuntó.

Desde la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, el entonces canciller encargado aseguró que Colombia espera unas elecciones “justas, competitivas y libres” en el marco de un “proceso aceptable”.

"Es técnicamente no molestar al gobierno de Venezuela, pero al mismo tiempo es tratar de proteger los intereses de Colombia. Necesitamos fortalecer todo lo que tiene que ver con la salida de la frontera", subraya el analista experto en derecho internacional, Enrique Prieto.

Por su parte, Camilo González cree que viendo este panorama puede ser comprensible que el gobierno colombiano aspire a tener un rol más protagónico en el momento posterior al 28 de julio. "Creo que el gobierno Petro piensa más en las posibles consecuencias de lo que pase tras las elecciones que en las mismas elecciones. El escenario electoral está abierto para que el conflicto político pueda agudizarse debido a la naturaleza propia del proceso que ha sido muy incierto en la nominación de los candidatos y las irregularidades en la campaña electoral", subraya.

En ese sentido, marca que la propuesta de un pacto democrático -una especie de acuerdo de garantías políticas para el perdedor de los comicios- ha resultado ser la prioridad máxima del gobierno frente a los asuntos venezolanos.

Hace unos días se trató de concertar la propuesta en Caracas -con el acompañamiento de la Embajada de Colombia y de Brasil-. Sin embargo, la propuesta “murió”, y si Petro no se pronunciaba en las semanas posteriores, eso quería decir que no se había llegado a un acuerdo con Maduro para realizar un plebiscito.

Murillo desmintió este martes que el Gobierno haya entregado un borrador de acuerdo político a Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de ese país. Agregó que Colombia participa en los diálogos con la oposición y está "muy dispuesta" a colaborar, pero "no ha hecho ninguna propuesta".

"No tenemos borrador, ¿qué borrador?", cuestionó Murillo al ser preguntado por periodistas, a lo que añadió: "No hemos hecho ninguna propuesta, yo leí que había unos documentos, pero no", expresó el canciller.

El presidente Gustavo Petro ha comenzado a guardar silencio. Si las elecciones entre Maduro y Edmundo González Urrutia, terminan por polarizar más el ambiente, González sostiene que es probable que Colombia levante la carta del pacto político para intentar apaciguar los ánimos post electorales.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ - REDACCIÓN POLÍTICA
​Con insumos de la corresponsal en Caracas*