¿Es la plataforma de la ‘Consulta Digital’ un trampolín más para la campaña de 2026 del Gobierno?

El gobierno de Gustavo Petro lanzó este lunes la plataforma digital de la consulta popular sobre la reforma laboral, web que fue presentada como un mecanismo de participación ciudadana para, como se hace énfasis en la ventana de inicio, sortear los “bloqueos legislativos en el Congreso”. Sin embargo, cuando se mira con atención lo que implica esta propuesta y el momento político en el que se lanza, surgen dudas de si esta herramienta no es tanto un vehículo de democracia directa -que es la narrativa del Ejecutivo- como un primer ensayo para la campaña presidencial de 2026.

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El sitio web de la consulta no solo ofrece información sobre el mecanismo o acerca de la hundida reforma laboral: también incluye un enlace que lleva a los ciudadanos a la página del Congreso y específicamente al espacio en donde están alojados los correos de los parlamentarios. 

Esta función, que si bien redirige a un sitio web que es público y al que puede acceder cualquier ciudadano sin necesidad de hacerlo por la plataforma del gobierno, tiene una doble lectura. El llamado explícito del ministro del Interior, Armando Benedetti, para que los votantes “les pidan” a sus senadores que “no le pongan mordaza a la consulta”, puede leerse como una estrategia de presión para el Legislativo. 

Y es que en este caso, como sostienen varios analistas, la narrativa del gobierno es clara: se trata de “empoderar” al pueblo frente a un Congreso que ha “bloqueado” reformas clave. Sin embargo, surge una pregunta clave, ¿hasta qué punto esto puede mutar una expresión legítima de disenso frente a sus parlamentarios y cuándo empieza a parecerse más a una forma de intimidación desde el poder?

Para el analista y estratega político Carlos Arias, la plataforma es una herramienta de movilización política diseñada para ejercer presión, pero que opera dentro de los márgenes de lo permitido: enlaza a una página web que es pública, a la que cualquier ciudadano puede acceder y que justamente fue creada para que los votantes estén en o con sus representantes.

“Es un mecanismo de presión, que aunque pueda parecer ilegítimo, es transparente porque se puede ver como un ejercicio de rendición de cuentas. Ahora, el problema son los antecedentes que hay en este gobierno en el manejo de redes y el volumen de bots que tiene el petrismo, que eso es lo que puede ser problemático. Pero en términos de estrategia política tiene legitimidad y validez, es decir, hace la maldad pero no directamente, porque es válido que los ciudadanos puedan rendir cuentas a sus congresistas”, dijo.

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Las protestas de la semana pasada frente a la casa de la senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador y de la Comisión VII, que hundió la reforma, parecen inclinar la balanza hacia lo segundo.

No hay que olvidar que más allá de cualquier plataforma o narrativa, para que la consulta pueda ser convocada requiere la aprobación del Congreso y el apoyo de la mitad más uno de los senadores, para lo cual inevitablemente el Gobierno necesitará el apoyo de partidos tradicionales como los liberales -algunos de los cuales ya presentaron una ‘mini reforma laboral’-, la U y los verdes.

Pero más allá del diseño técnico de la plataforma, lo que realmente alimenta el escepticismo es el contexto político que la rodea. En el entorno del Pacto Histórico, ya se habla más de las elecciones de 2026 que del ejercicio de gobierno. La consulta, más que una medida de participación, parece estar cumpliendo un rol de aglutinador interno y como campo de prueba para los aspirantes presidenciales del petrismo. Gustavo Bolívar -quien lidera las encuestas en la izquierda-, María José Pizarro, Daniel Quintero y otras figuras de la izquierda parecen estar usando el debate en torno a la reforma laboral como un trampolín electoral de cara a la presidencia y a las próximas legislativas.

“Una cosa es que una consulta popular es constitucionalmente legítima, pero otra es que la que está en marcha es nociva porque es simplemente un instrumento electoral con la mente puesta en el 2026. Es un error impedir acuerdos alrededor de normas laborales que recuperen viejos derechos. Varios meses con el mensaje oficial de odio contra el empresariado es una insoportable dosis de rencor. Hay que buscar acuerdos”, señaló el exsenador Humberto de la Calle este lunes.

Tanto Bolívar como Pizarro han redirigido sus giras para promover el ‘Sí’ en la consulta, instalando comités, participando en entregas de tierras y organizando eventos masivos con tinte proselitista. En ese sentido, desde el propio Gobierno se ha dejado entrever que la consulta popular no es solo una herramienta para eventualmente intentar salvar puntos de la reforma laboral, sino una plataforma desde la cual seguir cohesionando su base política y definiendo el liderazgo de su sucesor.

“Ustedes tienen que tomar decisiones en las próximas elecciones de este país, porque si siguen eligiendo el Congreso que han elegido, el pueblo seguirá sometido a condiciones de miseria”, dijo Francia Márquez el pasado 18 de marzo desde Cali.

El hecho de que la consulta digital deba realizarse antes de una eventual consulta interna del Pacto Histórico (sería en octubre de 2025) no es un detalle menor. Esto inevitablemente podría transformar a la consulta en el primer filtro para medir fuerzas dentro de la coalición oficialista, es decir, más que un ejercicio democrático ciudadano, en una especie de campaña piloto.

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“Los cuadros regionales impulsarán por un lado el sí, pero serán la base de la movilización de la lista al congreso del Pacto”, le dijo a EL TIEMPO Gonzalo Araujo, analista de la firma Orza.

En ese sentido, Arias considera que la recolección de datos solicitada por la plataforma para participar en el diseño de la consulta puede resultar problemática, ya que podría convertirse en una estrategia para recopilar información personal con fines electorales. “Puede parecerse a lo que hizo (Iván) Duque con la CoronApp, que era recoger datos que afectan la privacidad de las personas. En este caso le puede servir a este o a otro gobierno para hacer perfilamiento de gustos, actitudes y preferencias, con miras a establecer mensajes dirigidos, en términos semánticos, para generar persuasión en momentos electorales”, señaló.

Finalmente, Arias concluye que la inclusión de un enlace que redirige a los datos de los congresistas también puede ser una estrategia política para monitorear qué congresistas del Pacto son los que más reciben mensajes y, con base en eso, definir sus posiciones en las listas al Congreso.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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