Escándalo de la UNGRD: ¿cómo queda en el Gobierno César Manrique, director de Función Pública, tras imputación de quien sería su ficha?

En la tarde de este viernes se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el segundo grupo de capturados del caso de presunta corrupción de la UNGRD. Entre los detenidos por la presunta participación en el entramado de corrupción están los exfuncionarios Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez Melo, quienes habrían sacado ganancias del entramado ilegal para direccionar contratos.

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El nombre de Barreto y su posible implicación en el escándalo fueron develados en la audiencia contra Olmedo López y Sneyder Pinilla. También se reveló que este sería ficha en el entramado de corrupción de una figura que todavía sigue en el gobierno de Gustavo Petro, César Manrique, que es el director de la Función Pública.

Con la captura de Barreto, comienzan a crecer los cuestionamientos sobre Manrique. Distintos sectores, sobre todo de oposición, han señalado incluso que su permanencia en el gobierno es insostenible pues, aunque existe la presunción de inocencia, los señalamientos son bastante graves como para que se mantengan en su cargo.

De acuerdo con lo dicho por la Fiscalía, Manrique “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiple orden de proveedurías y contratos direccionando a los empresarios a los que se les adjudicaría los contratos a cambios del pago de coimas”.

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En ese mismo sentido, el ente acusador aseveró que el director de la Función Pública se encargó del "traslado de 100 mil millones de pesos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación Olmedo López permitió que direccionaran contratos de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagueyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas".

Supuestamente, de acuerdo con la información entregada en la audiencia del pasado 7 de agosto, se habría acordado la facilitación de la devolución del dinero a cambio de una coima del 7 por ciento a César Manrique en cada uno de los contratos.

Aún con las capturas del 5 de septiembre y lo ya revelado por la Fiscalía, aún no hay señas de una posible salida de Manrique de su cargo en el Gobierno. Tampoco se ha hablado de renuncias de otros funcionarios también salpicados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, como es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

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Esto ha generado distintas reflexiones, como le dijo a EL TIEMPO Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia. Por un lado, se podría entender como una incoherencia desde el Ejecutivo. “El presidente Petro ha dicho que en su gobierno no pueden permanecer personas salpicadas en escándalos de corrupción, entonces hay una brecha entre el discurso y la práctica”, indicó.

Sin embargo, al mismo tiempo advirtió que “más allá del discurso del Presidente, la otra lectura está en un plano más legal de la contundencia de lo entregado para Olmedo López”. En ese sentido dijo que al menos podría esperarse una imputación por parte de la Fiscalía a los funcionarios salpicados para que estos den un paso al costado a las labores que por el momento ejercen.

Este diario también buscó a Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia, para que diera su concepto sobre este caso y la permanencia de salpicados en el Ejecutivo, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta oficial ya que se encuentra de comisión en una zona horaria con amplia diferencia a la colombiana.

Fuentes del Gobierno y del Pacto Histórico identifican a Manrique como uno de los cercanos al presidente Gustavo Petro. "Del combo de la izquierda, amigo del presidente", dijo uno de los consultados, otro señaló que es de vieja data en los procesos políticos de Gustavo Petro. Además, mencionaron que ya había sido funcionario del actual mandatario cuando gobernó Bogotá: "Fue director del fondo de vigilancia en la alcaldía de Petro".

Precisamente por acciones en este cargo es que actualmente tiene un proceso por presuntas irregularidades. Está en medio de un juicio en la Corte Suprema de Justicia por la compra de 100 motos eléctricas durante la 'Bogotá Humana'. De hecho, el pasado 12 de junio, ante la Sala Especial de Primera Instancia, la Fiscalía solicitó condena para el funcionario, toda vez que consideró que sí estuvo involucrado con una serie de irregularidades en el contrato de las motos.

Manrique ya había sido condenado en una instancia anterior, pues fue encontrado responsable por la compra irregular de los vehículos. Los hechos anómalos tuvieron que ver con la adquisición de las 100 motos eléctricas que el Distrito entregó a la estación de Policía de Kennedy, tras una inversión de $ 4.357 millones. En marzo de 2016 la Fiscalía le había imputado los cargos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos.

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De acuerdo con lo revelado por la justicia en su momento, el detrimento fue de 1.200 millones. Incluso en el proceso se citó al hoy presidente para que declarara. Por dicho caso fue condenado Manrique a 10 años de prisión, pero el fallo fue revocado en 2020 por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, nuevamente en la Corte Suprema de Justicia se reanudaron las pesquisas por el caso.

Ahora, como funcionario de la Presidencia, Manrique también tuvo que enfrentar un proceso, en este caso disciplinario, por supuestas irregularidades en el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador en México. Según la Procuraduría, la experiencia de Ninco Daza era insuficiente para asumir el cargo de embajador pero Manrique aún así certificó la experiencia como suficiente.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Periodista de Política