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Noticia
Estas son las 12 preguntas definitivas que quedaron en la consulta popular que decretó el presidente Petro
Pese a que el Senado rechazó el proyecto, el mandatario firmó el documento con el que convoca el mecanismo.
El presidente Gustavo Petro anunció mediante un trino que firmó el decreto para convocar de manera unilateral una consulta popular sobre la reforma laboral. Esto, a pesar de que el Senado se pronunció en contra de dicha iniciativa. El documento indica que la fecha para la votación será el próximo 7 de agosto de 2025.
El decreto, que consta de ocho artículos, establece tanto los fundamentos legales como los aspectos logísticos de la convocatoria. De acuerdo con el documento, los colombianos serán consultados sobre las doce preguntas que inicialmente habían sido radicadas ante el Senado.
Las preguntas quedaron así:
1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
2. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo?
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?
La consulta popular fue rechazada el pasado 14 de mayo. Foto:Milton DÍaz. El Tiempo
7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?
10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan a la seguridad social?
11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
Este decreto excluye las preguntas relacionadas con el sistema de salud que habían sido incluidas en la llamada consulta popular 2.0.
Ahora, la insistencia del Gobierno en avanzar con la consulta popular se da en medio de un clima de tensión política y de crecientes críticas desde diversos sectores, quienes ven esta medida como una ruptura del orden democrático.
En ese sentido, el documento indica que el Gobierno también comunicará formalmente la convocatoria a la Registraduría Nacional del Estado Civil para la logística electoral y que remitirá el decreto a la Corte Constitucional para su respectivo control automático.
‘Si el Senado aprueba la reforma laboral, se deroga el decreto de la consulta popular’
Antes de que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto para convocar la consulta popular, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó abierta la posibilidad de derogar el decreto si se logre un consenso en el Congreso sobre la reforma laboral.
“En caso de que el Senado apruebe la reforma laboral, se deroga el decreto”, dijo. Luego, aseguró que buscará llegar a un “acuerdo real” con los diferentes partidos para que se trate de aprobar el mayor número de artículos que vienen aprobados de Cámara.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto:Mininterior
Por su parte, el presidente Petro concluyó su trino afirmando: “Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”. Con esta declaración, el mandatario dejó clara su postura sobre cuál es, a su juicio, el órgano competente para revisar la validez de la convocatoria.
Aunque se trata de un acto istrativo, y por tanto algunos juristas sostienen que el Consejo de Estado debería encargarse de estudiar eventuales demandas contra la decisión presidencial, el Gobierno sostiene una tesis distinta: al tratarse de un mecanismo de participación ciudadana, la competencia correspondería a la Corte Constitucional.
Esta postura ha generado críticas en diversos sectores, que acusan al presidente de vulnerar el principio de separación de poderes.
CAMILO A. CASTILLO Redacción Política X: (@camiloandres894)