Más de 34.000 falsas víctimas, excluidas de beneficios

Desde septiembre del año pasado, fecha en que Ramón Rodríguez Andrade asumió como director de la Unidad para las Víctimas, se ha llevado a cabo una depuración en el registro único para identificar a las personas que accedían de forma fraudulenta a los beneficios que contempla el Estado para la población víctima del conflicto armado. Después de un “tamizaje exhaustivo”, se comprobó, según Andrade, que los datos suministrados por algunas de las víctimas registradas no coincidían con la información de otras bases de datos.

Las inconsistencias generaron alarma dentro del sistema de registro de víctimas, lo que llevó a los responsables del programa a realizar investigaciones que dieron impactantes resultados.

A la fecha, desde que empezó la depuración, la institución ha excluido a 34.641 falsas víctimas de sus registros, las cuales aplicaban a beneficios como subsidios de vivienda, educación y salud y a las indemnizaciones istrativas que reciben quienes sufrieron delitos graves.

En su mayoría, las formas en que lograban acceder de manera irregular a las bases de víctimas son la estafa masiva, en la cual una organización u ONG convence a un grupo de personas de inscribirlas en el sistema a cambio de un porcentaje de los beneficios recibidos. También, a través de la falsedad de testimonio, falsificación de documentos, suplantación y hackeo electrónico.

Los responsables de estos procesos consideran que por más blindadas que estén las plataformas siempre habrá un margen de error que los inescrupulosos aprovechan. Los terceros, la intermediación de personas o entidades en la inscripción de las víctimas al registro nacional, ha sido una de las vías más frecuentes de estafa promovida por organizaciones delincuenciales que, según Rodríguez, “se aprovechan de las víctimas para el lucro personal, cobrando por trámites o exigiendo comisiones”.

Se tiene conocimiento, incluso, de algunos candidatos para cargos de elección popular que, aprovechando la época de campaña, ofrecen interceder ante la Unidad de Víctimas para inscribir personas a cambio de votos.

El director de esta institución reveló que se realizan investigaciones en municipios como Apartadó, Antioquia; y El Molino y Fonseca, Guajira, donde denunciaron esta forma de compra de votos.

La entidad realiza investigaciones internas para determinar si funcionarios suyos también están involucrados.

Todas las denuncias relacionadas con estos hechos fueron llevadas a la Fiscalía General de la Nación.

Hasta ahora se han realizado 56 capturas y 16 condenas por esta cadena de delitos.

La Unidad para las Víctimas aseguró que ha venido fortaleciendo los procesos istrativos para evitar que más colados se sigan sumando a sus registros. Se estima que unas 200.000 personas pudieron haber entrado de manera fraudulenta, hasta ahora.

Por esta razón, se implementó el sistema biométrico con el Banco Agrario, que es el operador bancario de la entidad, para fortalecer los procesos de pagos en el territorio.

La Registraduría Nacional ha puesto al servicio de este proceso las bases de información para establecer con rigor las identidades de todas las personas que están en el proceso. Se trabaja de manera estrecha con técnicos de esta institución.

Y se han fortalecido los canales de comunicación con los más de 200 puntos de atención de la Unidad de Víctimas en los territorios para conocer de primera mano las denuncias ante cualquier fraude, extorsión o falsedad de información.

REDACCIÓN POLÍTICA

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