Gobierno Petro se mantiene en que programa PNIS es un 'antro de corrupción'

A través del Dapre, el gobierno Petro respondió al pedido de rectificación de Rafael Pardo, exconsejero para la Reincoporación del gobierno Santos, y Eduardo Díaz, exdirector del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), frente a las declaraciones de que dicho programa era un "antro de corrupción", como dijo en un discurso desde Tumaco. El ejecutivo se mantuvo en lo dicho y aportó el soporte de dicho comentarios. 

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Para soportar dichos comentarios aportaron un comunicado de 2023 de la Agencia de Renovación del Territorio, en la que se exponen las supuestas irregularidades. De acuerdo con el comunicado, la estructuración del programa "permitió que durante la fase de operación se presentaran actos contrarios al principio de legalidad". 

Se cuestionó que se reformar lo acordado en la Habana para darle prelación a los acuerdos individuales frente los colectivos. Asimismo, dicho documento habla de una supuesta falta de voluntad política para honrar los compromisos, sobre todo del gobierno de Iván Duque. 

Entre los cuestionamientos hechos en 2023 y usados por el gobierno Petro como argumento están los posibles sobrecostos ante la subcontratación de operadores del programa ante las dificultades para entrar a los territorios. 

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A esto le agregaron que en el marco del programa, entre 2017-2021, se celebraron 9 compromisos contractuales por un valor de 793.000 millones de pesos, pero cinco habvían sido siniestrados ante los incumplimientos "en las entregas de insumos, visitas de asistencia técnica, monitoreo y demás actividades contempladas". 

Luego, según lo informado, se pasó a 23 megacontratos en 2022 por un valor total de 438.000 millones de pesos, pero tampoco habría sido suficiente. Esto lo justificaron en que después de seis años de haber iniciado el programa solo 386 familias de 99.000 vinculados habían recibido todos los componentes del Pnis, una proporción de 4/1000 beneficiados. Esto con el agravante, según el Ejecutivo, de que el programa era para dos años. 

Según el comunicado, los firmantes del programa cumplieron con erradicación voluntaria de 46.000 hectáreas de cultivos de coca, pero no fue correspondido con la ejecución de los proyectos, supuestamente ante una falta al "principio de planeación". 

"Seis años después del inicio del programa, es un rotundo fracaso", señaló en su momento el Gobierno. "Los terriotrios PNIS siguen igual, sin transformación integral y sin una inversión seria del Estado", expresó la ART, que añadió que esto ha hecho que permanezcan y hasta aumenten los cultivos de hoja de coca en el territorio nacional. 

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En cuanto a posibles casos de corrupción, el comunicado señala que desde diciembre de 2022 se han encontrado evidencia de posibles irregularidades en "la celebración y ejecución de los contratos". Los beneficiarios, según el documento en el que se fundamenta el Gobierno, han expresado que la compra de los elementos es muy por encima del valor comercial, los insumos son entregados en mal estado, incluso se habla de ganado enfermo y maquinaria inservible. Asimismo se denunció una supuesta entrega de dinero en efectivo para simular entrega de materiales. 

"Es claro que, si bien el PNIS no fue pensado para que fuese un 'antro de corrupción', lo real es que la manera en la que se estructuró y se diseñó le abrió la puerta a ciertas formas de corrupción", dice el comunicado que el gobierno remitió como prueba ante el recursos presentado por Rafael Pardo y Eduardo Díaz.