Los requisitos para programa que entrega hasta un millón a jóvenes vulnerables

Desde hace algunas semanas ha habido polémica por el programa Jóvenes en Paz, que entre sus intenciones está dar hasta un millón de pesos a jóvenes vinculados a la criminalidad para sacarlos de esta. El enfoque del programa ha sido cuestionado, pues se ha interpretado como pagar para que no cometan crímenes.

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Este jueves se conoció un primer borrador de cómo se aplicará el programa, que actualmente está consagrado en el artículo 348 del Plan Nacional de Desarrollo. Este programa busca una ruta de atención para los jóvenes entre los 14 y 28 años que “se encuentran en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados adinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.

En un primer momento la meta será atender a 100.000 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. En el borrador se deja claro que las personas que sean beneficiadas en el programa participarán de este por un mínimo de seis meses y un máximo de 18 meses. Además, se estipula que no podrá ser “concurrente o acumulada con subsidios atribuidos a título individual”. Esto significa que los que sean beneficiados con programas como Jóvenes en Acción o Renta Ciudadana no pueden vincularse a este programa.

En el texto conocido este jueves quedó consignado que las entregas monetarias serán de hasta un millón de pesos y serán máximo de 12 entregas por beneficiario. En matemáticas simples implicaría que una persona vinculada a programa puede recibir hasta 12 millones de pesos en total. Sin embargo, el programa establece que es más que un simple subsidio.

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Más allá de una entrega de dinero, el programa busca tener componentes de educación y formación, trabajo social por el municipio en el que vive el beneficiado, acciones de emprendimiento, empleabilidad, acciones de construcción de paz, atención integral de salud y un acompañamiento sociolegal.

Es más, la entrega de recursos monetarios se condiciona a la participación en los distintos componentes y en el cumplimiento de compromisos establecidos de marginarse de posibles hechos delictivos. Incluso reseña que en cada ciclo de entrega de trasferencias monetarias se verificará el cumplimiento de los compromisos.

Por otro lado, se establece que las entidades revisarán el Registro Social de Hogares, construido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para escoger a los beneficiados. Luego, se dejan consignadas las condiciones para entrar el programa. Una de las más importantes es la priorización territorial.

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De acuerdo con el proyecto de decreto la primera fase debe haber una inscripción de los jóvenes y que estos se contrastarán con las bases de datos antes mencionadas. Será el DNP el que haga la selección final.

Se les dará prelación a las poblaciones de acuerdo con la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, el alcance del crimen organizado y el reclutamiento forzado, y la vulnerabilidad socioeconómica descrita en los índices de pobreza multidimensional y la tasa de embarazo adolescente.

En el documento se establece que la asignación de cupos nunca puede superar el 10 por ciento de la población juvenil de cada municipio en el que haya beneficiados. No obstante, se hace la excepción que en el marco de la ‘paz total’ puede haber “intervenciones estratégicas y complementarias”.

En este marco se establece que los jóvenes que pueden ser beneficiados deben estar en las edades entre 14 y 28 años que se encuentren en pobreza extrema y/o pobreza y condición de vulnerabilidad. Además, deben cumplir con el criterio de estar en poblaciones rurales, ser sometidos a explotación sexual y/o estar vinculado o en riesgo de ser vinculados a la criminalidad.

“El Programa promoverá y privilegiará la asignación de la titularidad de los derechos en él contemplados, de conformidad con los enfoques diferenciales de seguridad humana y justicia social, de derechos, diferencial, étnico racial, campesino, de género e interseccional y atendiendo al grado de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad de cada potencial participante”, reza el borrador del decreto.

El posible decreto también deja claro que hay causales de exclusión del programa. Estos incluyen puntos como tener un orden de captura vigente, una sanción penal vigente y tener 29 años o más. Igualmente hay una exigencia de cumplir con una serie de compromisos frente al programa.