ONU reporta preocupante aumento de masacres en el país

La defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. Así lo advierte el informe de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado este martes, que reveló la preocupante situación de violencia que vive el país.

Este año, esta organización que examina la implementación del Acuerdo de Paz, informó que, a corte de 22 de febrero, han registrado 21 casos de homicidios contra defensores de DD. HH., y 6 masacres documentadas y 5 en verificación, que han dejado a 21 víctimas.

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El informe señala que el año pasado documentó 76 masacres, que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales continúan siendo documentados. En el 66 por ciento de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales.

De este modo, "desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014", sentencia. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos. 

Asimismo, en 2020, la ONU conoció 133 casos de homicidios de personas defensoras

de derechos humanos, de los cuales 90 están documentados y 25 en seguimiento. En 2019 108 asesinatos de defensores de DD. HH.

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"Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente: 72 por ciento de los casos ocurrieron en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca; 77 por ciento en zonas rurales; 91 por ciento en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 94 por ciento en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica; 96 por ciento en municipios con economías ilícitas; y 85 por ciento en departamentos donde existen 'enclaves de producción de coca'", advierte el informe. 

criminales, 15 por ciento por grupos de disidentes de las Farc, 13 por ciento por el Eln, y el cuatro por ciento por integrantes de la policía o del ejército.

Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.

Respecto al asesinato de los antiguos integrantes de las Farc en 2020, la ONU  registró 73 víctimas, para un total de 248 homicidios de este tipo desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

La violencia también causó desplazamiento, este organismo señala que hubo 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas.

Ante este escenario, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que "preocupa la falta de avance en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que

hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo".

En este mismo sentido, la Onu le insiste al Gobierno en que "la implementación efectiva del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo aportaría sustancialmente a la prevención de la violencia".

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La Onu señala que recibió alegaciones sobre 42 casos de privaciones arbitrarias de la vida, en las que habrían estado vinculados de la fuerza pública, que resultaron en la muerte de 73 personas. "En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que cuatro ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado", se lee en el documento.

Específicamente frente a los hechos ocurridos el 9 de septiembre, tras un caso de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en Bogotá en el que una persona perdió la vida, la ONU indica que las manifestaciones posteriores estas acciones resultaron en 11 personas víctimas de privación arbitraria de la vida. Adicionalmente, se obtuvo

información sobre 581 personas heridas, 61 de ellas por arma de fuego; el 56 por ciento

de los heridos fueron civiles y el 44 por ciento de la policía.

Además, 10 personas defensoras de derechos humanos, plenamente identificadas con chalecos distintivos, habrían sido trasladados a lugares de detención temporal y dos de ellas habrían sido presuntamente agredidas físicamente.

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Aunque la ONU señala que valora los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para investigar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, "le preocupa la persistencia de retos en la identificación y persecución penal de los autores intelectuales y resalta la necesidad de desmantelar las estructuras criminales detrás de ellos".

Asimismo, reconoció los esfuerzos desplegados por la Unidad Nacional de Protección para responder a las "numerosas solicitudes de protección", el año pasado.

Sobre los los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Onu también señaló que hay “avances significativos logrados por estas instituciones y la valentía de todos aquellos que están trabajando para que se conozca la verdad”.

Asimimo "valora positivamente la ampliación hasta septiembre de 2021 del plazo para la presentación de informes a la JEP y exhorta a que se prioricen nuevos macro-casos, especialmente aquellos que aborden la violencia sexual, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado".

(a) Exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del

Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que

contribuirán a una mejoría de la situación de derechos humanos.

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(b) Insta al Estado a redoblar esfuerzos para establecer una presencia integral más

fuerte, a fin de contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el

aumento del control territorial y social por grupos armados no estatales y grupos

criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.

(c) Reitera la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte

una política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas

las que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de

apoyo, responsables de homicidios y masacres, que atenten contra personas

defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales o movimientos

políticos.

(d) Urge a los grupos armados no estatales a que cumplan sus obligaciones de respetar

el derecho internacional humanitario; reitera el llamado del Secretario General a los

actores del conflicto y aquellos que generan violencia para que cesen las hostilidades;

y valora positivamente cualquier negociación de acuerdos humanitarios orientados

a la protección de la población civil y la consolidación de la paz.

(e) Insta las autoridades nacionales y locales a tomar medidas efectivas y oportunas para atender las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, y ofrece su

asistencia técnica al Ministerio del Interior para mejorar la eficacia de la respuesta

estatal a dichas alertas tempranas; reitera la importancia de implementar medidas

participativas de protección colectivas.

(f) Alienta a la Fiscalía General de la Nación a que continúe fortaleciendo la Unidad

Especial de Investigaciones, para lograr la identificación y sanción de los autores

directos e intelectuales de las agresiones contra las personas defensoras de derechos

humanos y los firmantes del Acuerdo de Paz, y para desmantelar las estructuras

criminales.

(g) Llama a las instituciones del Estado a responder a las manifestaciones pacíficas

conforme a las normas y estándares internacionales y ofrece asistencia técnica en esta materia; urge a la policía a integrar las normas y estándares internacionales

relacionados con el uso de la fuerza en sus protocolos y procedimientos, en línea con

la decisión de la Corte Suprema del 22 de septiembre de 2020, y a fortalecer la

transparencia y rendición de cuentas en casos de abuso, incluyendo la sanción a los

responsables de las violaciones cometidas durante las protestas del 9 y 10 de

septiembre en Bogotá.

(h) Reitera que, de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, en donde presuntamente están involucrados del ejército y/o la policía, deben ser desarrolladas por la justicia ordinaria.

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(i) Urge a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación

avanzar en la investigación penal y disciplinaria de las muertes en custodia

mencionadas en este informe.

Verdad, Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, como una contribución

esencial a una paz sostenible y duradera; urge a todas las instituciones del Estado

articularse y cooperar con el Sistema Integral, a fin de asegurar el cumplimiento de

su mandato, conforme al Acuerdo de Paz; y urge al Estado garantizar la protección

efectiva de quienes integran el Sistema y de las víctimas y testigos que participan en

él.

(k) Insta a realizar mayores esfuerzos para asegurar la disponibilidad, accesibilidad,

aceptabilidad y asequibilidad de los servicios del sistema de salud pública para todas

las personas, de conformidad con los estándares internacionales de derechos

humanos, incluyendo las víctimas de violencia basada en género, y garantizar los

derechos laborales del personal de salud.

(l) Reitera la importancia de fortalecer al Instituto Nacional de Medicina Legal para

garantizar la disponibilidad de sus servicios para las víctimas de violencia sexual, en

particular en zonas rurales; y continuar reforzando el sistema de refugios para la

acogida de las víctimas.

(m) Insta al Ministerio de Defensa a que continúe fortaleciendo la política de cerotolerancia a la violencia sexual, y prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y basada en género por parte de integrantes de la fuerza pública.

(n) Insta al Estado a tomar medidas efectivas para la protección de niñas y niños de

cualquier forma de violencia, incluyendo el reclutamiento y el uso de niños y niñas

en el contexto del conflicto armado.

(o) Reitera la necesidad de garantizar a los pueblos indígenas y afrodescendientes el

derecho al territorio y hace énfasis en la importancia de darle una atención

prioritaria a los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, notablemente por

medio de la implementación del Sistema Nacional de Prevención y Protección para

pueblos indígenas en aislamiento voluntario, de acuerdo con las directrices

internacionales.

(p) Insta al Estado a promover, reconocer y seguir apoyando la formulación autónoma

y participativa de los protocolos de los pueblos indígenas y afrodescendientes para el

relacionamiento con terceros, y a garantizar de manera efectiva el derecho a la

consulta previa, libre e informada.

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