Los desafíos de la ‘paz total’ que el Gobierno piensa implementar en el país

Los desafíos para la consecución de la ‘paz total’ crecieron esta semana luego de que el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley de prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público, el cual dejó más preguntas que respuestas.

Desde el principio de la istración, el Ejecutivo ha venido hablando del concepto de ‘paz total’ y de dos caminos diferentes para lograrla. Por un lado, la reactivación de diálogos con el Eln y, por otro, la construcción de unas normas para el sometimiento o acogimiento a la justicia ordinaria de bandas dedicadas al narcotráfico.

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El martes, los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, radicaron una iniciativa que ampliaría la ley de orden público y parece apuntar a darle herramientas al Ejecutivo para desarrollar diálogos de paz con grupos que tengan un origen político, como el Eln.

Sin embargo, en la medida en que se comenzaron a conocer los detalles de la iniciativa oficial, las dudas afloraron y todo parece indicar que el Congreso será el responsable de precisar algunos aspectos que no parecen claros.

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Uno de los más importantes es la posibilidad de que alcaldes y gobernadores emprendan diálogos con grupos delincuenciales para conseguir acuerdos que protejan a la población de las violaciones al derecho internacional humanitario (DIH).

En este sentido, varios alcaldes del país han expresado su complacencia por esta posibilidad, pero también han pedido claridad y compromiso del Gobierno central, sobre todo en lo relacionado con los límites para este diálogo. 

Otro aspecto que habrá que estudiar con lupa es la transformación del servicio militar obligatorio por un servicio social para la paz, algo que, según el ministro de Defensa, se haría de manera gradual.

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Sin embargo, hay dos aspectos que preocupan a diferentes sectores políticos y castrenses ante una propuesta de esta naturaleza: el primero es que en el proyecto no se especifica si el servicio militar obligatorio se eliminará o no, y la segunda es que tampoco es claro si para modificar este requisito se necesite reformar el artículo 216 de la Constitución Política o basta con una ley para lograrlo.

Otro desafío que deberá enfrentar el Gobierno Nacional es explicar claramente cómo será la financiación de la paz en el país, la cual en esta iniciativa se eleva a política de Estado y compromete importantes recursos. Aunque en principio se propone unificar el Fondo de Programas Especiales para la Paz con el de Inversión para la Paz y Colombia en Paz, también se habla de otras figuras similares que dependerían de las “decisiones” o “determinaciones” del Presidente de la República, el Gabinete de Paz o la Oficina del Alto Comisionado.

En este sentido, se crean algunos fondos cuya destinación no parece estar definida en el proyecto de prórroga y modificación de la ley de orden público, sino que se dejan al arbitrio del alto gobierno y nuevas instancias como el Gabinete de Paz.

También se habla de la creación de “bonos de paz”, pero no se especifica con precisión cómo funcionará esta figura, quién los pagará ni tampoco cuál sería su destinación exacta.

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Y un reto mayúsculo para el Gobierno en la ‘paz total’ será el manejo de la extradición frente a los grupos dedicados al narcotráfico, un tema que se tendría que tratar directamente con Estados Unidos. El futuro de esta herramienta estaría en el proyecto de ley de sometimiento de bandas que, posiblemente, estaría llegando al Congreso el 12 de septiembre. Pero también está en la iniciativa presentada esta semana, en la cual se propone la suspensión de órdenes de captura, incluidas las que tengan estos fines.

Pero a la ‘paz total’ le queda el principal desafío: la ola de crímenes que se ha desatado en el país. El asesinato de líderes sociales, de periodistas y de siete policías en cercanías a Neiva, Huila, el viernes, y que fue calificado por el presidente Petro como un “saboteo” a este propósito del Gobierno, dejan abierta la pregunta que muchos se hacen: ¿es viable negociar en medio de esta escalada criminal y cuando ya se han dado a conocer las cartas que se jugaría el Gobierno?

REDACCIÓN POLÍTICA, NACIÓN Y JUSTICIA