La propuesta incluida en la ley de presupuesto para el 2022 que tramita el Congreso de eliminar una parte de la denominada ley de garantías no ha parado de generar críticas en el país, especialmente de los sectores políticos interesados en las elecciones del próximo año.
Básicamente, la ley de garantías prohíbe la celebración de convenios interistrativos y la participación de los mandatarios regionales en eventos de carácter proselitista previo a las elecciones. La idea es prevenir que la contratación estatal sea utilizada como un vehículo para materializar indebidas prácticas relacionadas con la actividad electoral, a través del favoritismo político patrocinado por contratistas inescrupulosos.
“Eliminar la ley de garantías es querer comprar con burocracia contratos y abre la puerta a la corrupción para las elecciones de 2022. No podemos permitir que los recursos públicos terminen financiando las malas prácticas políticas bajo el argumento de la reactivación económica”, indicó la Coalición de la Esperanza en una comunicación.
Esta convergencia pidió “trasparencia en el debate electoral” del próximo año y llamó a las plenarias del Senado y la Cámara a proteger la ley de garantías.
“La suspensión de la ley de garantías no puede usarse como un instrumento para reelegir en cuerpo ajeno a quien ahora, curiosamente, sí le parece una buena decisión. Basta ya de ver a alcaldes y gobernadores presionados, sometidos y humillados por el centralismo”, apuntó la Coalición de la Esperanza.
Hace apenas algunos días el presidente Iván Duque había defendido esta propuesta. Dijo que los alcaldes y gobernadores elegidos que tomaron posesión en enero del año 2020 han tenido ese muro que les ha impedido llevar a cabo todas sus aspiraciones y programas.
Según el primer mandatario, el mensaje no es eliminar los problemas de alcaldes y gobernadores con cheques en blanco, sino tomar determinaciones, suspender efectos y también eliminar componentes, de tal manera que puedan ejecutar proyectos que beneficien a las comunidades.
En caso de aprobar los cambios, el Gobierno podría ejecutar recursos antes de las elecciones.
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