Reforma de Salud: la propuesta de liberales, conservadores y 'la U' al Gobierno

La contrapropuesta de los partidos Conservador, Liberal y 'la U' a la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro tiene al menos 40 artículos -en la noche de este lunes seguía su construcción- y será presentada este martes al Ejecutivo, que tiene ante sí un claro dilema político y de gobernabilidad. 

Esta es la encrucijada para el Presidente: o no acepta cambios en los puntos más críticos del proyecto de la ministra Carolina Corcho y se expone a quedarse sin el apoyo de tres fuerzas cuyos votos necesita en el Congreso, o cede en algunos de los cambios más radicales -como el virtual fin de las EPS- y ajusta en todo caso un primer golpe al eje de sus propuestas de cambio social. 

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EL TIEMPO.COM conoció el articulado que ha sido discutido por las cabezas de los tres partidos, que hacen parte de la coalición oficialista y que han advertido que si el Gobierno no toma en cuenta sus cambios se irían con una propuesta independiente que se sumaría a las ya presentadas por Cambio Radical y el Centro Democrático. 

El Gobierno tiene que definir si se va con la radical propuesta de la ministra Carolina Corcho -lo que implicaría que se quedaría sin 38 votos en Senado y más de 70 en Cámara- y no alcanza las mayorías necesarias para aprobar la reforma o si cede y acepta construir una propuesta consensuada que, como lo han dicho los tres partidos, no destruya lo alcanzado por la Ley 100 del 93 y corrija varias fallas que persisten en el Sistema.

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El eje del proyecto que será entregado al Presidente una vez lo avalen las bancadas mantiene vivas a las EPS, que los partidos proponen llamar ahora 'Entidades Gestoras de Salud y Vida' y que podrían ser de naturaleza oficial, privada o mixta, como en la actualidad. Pero a diferencia del proyecto del Gobierno, que minimiza las actuales funciones de las EPS, la de los tres partidos les mantiene la función de "gestionar de forma inteligente los riesgos en salud de personas y comunidades donde operan y que las seleccionan". 

Es decir, las EPS -ahora 'Gestoras de Salud y Vida'- seguirían conservando afiliados, eso sí priorizando, como lo propone el Gobierno para todo el Sistema, una atención "altamente resolutiva en el nivel primario o básico, cercana, centrada en el y el lugar donde reside y trabaja, por encima de las consideraciones del mercado". En esa atención primera entrarían a jugar un papel básico los CAP (Centros de Atención Primaria) que propone el Gobierno. 

Sin embargo, hay una diferencia clave con la propuesta de Corcho: las personas no tendrían que empadronarse y aceptar ser atendidos en el lugar que disponga el Gobierno, sino que los s "tendrán derecho a elegir libremente la Entidad Gestora de Salud y Vida de su preferencia, dentro de la oferta disponible en la respectiva región".

Y también, como sucede hoy, el "podrá trasladarse en cualquier momento". También podrá "elegir al médico tratante de su preferencia" dentro de la Red de la Entidad Gestora. Así mismo, esas entidades "podrán operar en uno o varios territorios", garantizando "capacidad institucional en cada uno de los municipios de dicho territorio". La propuesta del Gobierno no abre la opción -salvo en el periodo de transición para la Nueva EPS- sino que cierra la puerta a operadores con alcance nacional. 

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La propuesta del Gobierno ha sido criticada porque limita esa capacidad de elección. 

Otro cambio clave, en similar camino a lo que propone el Gobierno, es la eliminación de los regímenes subsidiado y contributivo y la creación de un solo régimen de salud altamente centrado en la atención de los s. 

Un ajuste clave es que las EPS no manejarían, como sucede hoy, el pago a las Instituciones Prestadoras de Servicio (como los hospitales), sino que esa función pasaría a la ADRES. De esta manera, se evitaría la billonaria crisis derivada de la deuda de muchas EPS con las instituciones que les prestan servicios a sus pacientes.

Esto dice el texto: "La ADRES efectuará directamente el giro de los recursos a las Instituciones Prestadoras de servicios en Salud y los proveedores farmacéuticos, por la prestación de servicios y tecnologías requeridos para garantizar a los s el goce efectivo del derecho a la salud". 

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La propuesta de liberales, conservadores y 'la U' plantea que el Gobierno tenga un representante en las juntas directivas de las Entidades Gestoras de Salud y Vida de naturaleza privada. También establece que haya servicio garantizado de salud en todo el territorio, donde los CAPS cumplirían una función básica. "El Ministerio de Salud y Protección Social determinará la distancia y el tiempo máximo para a los CAPS por parte de los habitantes del territorio nacional, con enfoque territorial", dice el texto. 

También plantea que el Ministerio ejerza control y habilite la red de prestación de servicios en salud de cada Entidad Gestora de Salud y Vida, de tal manera que se garantice la atención al y se evite la integración vertical.  

Y la propuesta habla también de un mecanismo alterno (no excluyente) de la acción de tutela para que los s reclamen sus derechos: sería un 'mecanismo de resolución istrativa' generado por la Superintendencia de Salud que debería garantizar los servicios requeridos en cada territorio. 

Pero de nuevo se apartan de la propuesta oficial al negarse a la posibilidad de que las autoridades regionales tengan el control casi total de la salud en sus zonas. No quieren “burocratización” ni elevar los riesgos de corrupción y por eso en su propuesta modificatoria eliminan las figuras de control regional que plantea el Ejecutivo.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA