¿'Clan del Golfo' o 'Gaitanistas': el Gobierno cambia el tono en la 'paz total'?

Un detalle semántico que pudo pasar desapercibido en medio de la dura declaración que hizo el pasado domingo el presidente Gustavo Petro, al exigir el fin de las agresiones contra la población civil en medio del llamado 'paro minero' del nordeste antioqueño, muestra hasta dónde la realidad de los territorios están forzando al Gobierno a revaluar algunos de los presupuestos de su 'paz total'.

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"Si el 'clan del Golfo' está detrás del paro, como muchos de los indicios así lo demuestran, hay que decirlo, no tiene voluntad de paz", afirmó el mandatario. Y advirtió que lo que está pasando en 6 municipios del norte de Antioquia, donde incluso fue volado un acueducto y fueron atacadas dos ambulancias, es una clara violación del cese de fuegos supuestamente vigente desde el 1 de enero pasado con varios grupos armados ilegales. 

"Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El 'clan del golfo' contra el pueblo humilde", trinó el Presidente. 

Petro, en contravía con la mayoría de declaraciones oficiales de su Gobierno, empezando por las de su comisionado de Paz, Danilo Rueda, habló de 'clan del Golfo' y no de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' (ACG), que es como el Ejecutivo denomina a la más poderosa banda criminal del país. De hecho, también se refiere como 'Autodefensas Conquistadores de la Sierra' a otra banda criminal, los Pachenca, que llevan décadas narcotraficando y despojando tierras en la Sierra Nevada de Santa Marta y municipios del Cesar y Magdalena.

¿Qué implicaciones tiene desgraduar de Autodefensas a las bandas criminales de siempre? El mensaje implícito, señalan analistas consultados por este diario, es que el Gobierno está contemplando seriamente cerrar la vía del diálogo con esos grupos de narcos purasangre y reactivar la ofensiva de la Fuerza Pública en su contra. Y una primera señal de esa intención es devolverlos a su denominación de banda criminal. 

El razonamiento es simple: dentro de la lógica para legitimar la decisión de hablar de paz con grupos violentos dedicados esencialmente al narcotráfico y la minería ilegal, el gobierno del presidente Gustavo Petro optó por utilizar en sus declaraciones públicas los nombres que las propias organizaciones criminales se dan, términos que refuerzan la idea de que esos grupos tienen algún ideario político (sin que esto implique que la idea del Gobierno sea darles estatus político, algo que sí tendrán el Eln y las disidencias).

Por eso el 'clan' se transforma, contra toda evidencia, en un movimiento que supuestamente reivindica ideas de Jorge Eliécer Gaitán, y los 'Pachenca' terminaron graduadas de 'Autodefensas', término que en su momento se les dio a los grupos violentos que combatían a las guerrillas izquierdistas.

De la misma manera, este lunes el presidente Petro oficializó el nacimiento oficial de los diálogos de paz con el 'Estado Mayor Central' de las Farc, a pesar de que las Farc se desmovilizaron en el 2016, gracias al acuerdo de La Habana. Las Farc como marca de la guerra desapareció en Colombia hace más de siete años, pero el Gobierno decide aceptar un término que implica que los que traicionaron el proceso de paz siguen, supuestamente, siendo guerrilleros.

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No se trata de una situación inédita en el país. En el proceso de paz de los grupos paramilitares con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, muchas bandas 'paras' cambiaron, de un momento a otro, de denominación, apenas a días de desmovilizarse en un proceso que inicialmente pretendía reconocerles condición de actores políticos.

Así, por ejemplo, la banda de 'Los Chamizos', el ejército narco del capo Hernán Giraldo en la Sierra Nevada, terminó desmovilizándose en el 2005 como el flamante 'Bloque Resistencia Tayrona' de las Autodefensas. Otra banda de narcos del Magdalena, los 'Cheperos' de José María 'el Chepe' Barrera, se graduaron de 'Bloque sur de Magdalena e isla de San Fernando'.  Y la misma táctica usaron casi todos los grupos paramilitares del país de cara al proceso con el gobierno Uribe, que al final terminó extraditando a muchos de los jefes 'paras'. 

En relación con esto, Germán Valencia, investigador sobre conflicto y procesos de paz, señala que cuando el Gobierno llama por su autodenominación al 'Estado Mayor Central' o a los 'Gaitanistas', se envían dos mensajes: al mismo grupo ilegal, en cuanto a que se les está dando un estatus de interlocutor, y a la opinión pública en general, pues presentar una organización criminal con un nombre relativamente politizado sirve para legitimar incluso acercamientos polémicos. 

"El asunto es que ese nombre es solamente una forma nominal que tiene que ver con la manera en cómo quiere autoproclamarse cada uno. Otra cosa muy distinta es como los clasifique la ley, la norma", indica Valencia. 

En el proceso de los 'paras' pasó eso: a pesar del rebautizo, y de que inicialmente el modelo de negociación del gobierno de la época les abría a los jefes de esos grupos la posibilidad de participar en política aún siendo organizaciones netamente dedicadas al narcotráfico, decisiones de las cortes Suprema y Constitucional terminaron tumbando cualquier beneficio político. En ese momento, los fallos dejaron en claro que el delito político era el de los grupos levantados en contra del Estado, como las guerrillas, y que el delito madre de las autodefensas era concierto para delinquir. 

Por su lado, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González Posso, dice que hay unas disposiciones legales y normativas sobre la denominación a estos grupos. Por ejemplo, el 'clan del Golfo' tiene una calificación, en la ley 2272 de 2022, como estructura criminal de alto impacto.  "Y el Gobierno mantiene eso en varios pronunciamientos. Lo que ha dicho el Alto Comisionado es que para efectos de declaraciones utilizarán la denominación que ellos mismos se den", comenta González. 

Ahora bien, Olmer Muñoz, experto en ciencias política, señala que desde el 2016 existe una directiva en la que grupos como el 'clan del Golfo' y las disidencias de las Farc se deben caracterizar como grupos armados organizados. Son llamados de esta forma por tres razones: "1. Tienen un mando central, una jerarquía dentro de la organización; 2. Tienen un control territorial en algunas partes del país o en grandes a partes del territorio nacional, y 3., porque constantemente, son enfrentados por de la Fuerza Pública específicamente por las Fuerzas Militares", señala el analista.

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Debido a lo anterior, el Gobierno en su política de 'paz total' ha decidido estos grupos armados podrían entrar en efectuar en una eventual negociación.

Muñoz señala que el Gobierno Nacional debería ser totalmente claro en la definición de esos grupos, precisamente porque no hay otra forma de denominarlos. "Caeríamos en unas ambigüedades tan absurdas que incluso los mismos grupos criminales intentarían tener unos réditos políticos", dice. 

JHON TORRES Y KAROL PASTRANA