Así va la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

Un año después de que el padre Francisco de Roux presentó el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CMS) reveló en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación un balance en el que dio a conocer los avances en implementación de las recomendaciones que allí aparecen.

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El informe, que fue elaborado desde finales de 2022, está compuesto por tres capítulos. En el primero, presentan al Comité de Seguimiento y Monitoreo y quiénes lo conforman.

Posteriormente, en la parte más extensa del documento, aparece un análisis del Plan Nacional de Desarrollo, en relación con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y un análisis especial sobre la propuesta al artículo 8°, que instaba a las entidades del orden nacional sobre las cuales recaían recomendaciones del informe final a acogerlas de forma progresiva y que se hundió durante la pasada legislatura en el Congreso de la República.

De acuerdo con la Comisión, en el texto final del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se integraron 14 recomendaciones relacionadas con el fomento de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, las garantías de seguridad de los excombatientes, la reintegración y restablecimiento de derechos, el fortalecimiento del rol del Consejo Nacional de Paz la priorización del diálogo para poner fin a la confrontación armada.

“Logramos hitos importantes como la aprobación de la jurisdicción agraria y rural, el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos y de protección y el acuerdo de Escazú”, destacó Marco Romero, miembro del Comité.

En cuanto al tema de víctimas, destacan la implementación de una reparación integral y la creación de una política de memoria y verdad. Además, resaltan la integración de las recomendaciones enfocadas en subtemas como la democracia -que incluye el hacer ajustes para promover la igualdad de género, entre otros temas- y el narcotráfico, punto en el que mencionan la intención del Gobierno por transitar hacia “una regulación legal estricta adoptando un enfoque de derechos humanos y salud pública y racionalizar el uso de la acción penal”.

Finalmente, mencionan la implementación en el PND de recomendaciones enfocadas en seguridad -entre ellas una nueva visión de seguridad para la construcción de paz-, paz territorial y población LGBTIQ+.

“De acuerdo con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ha incorporado en su totalidad las recomendaciones mencionadas, otorgando prioridad a los temas de construcción de paz y paz territorial, seguido por el tema de democracia. Esto refleja la voluntad del Gobierno Nacional para profundizar en estas temáticas. Dichas recomendaciones se deberán materializar a través de políticas en el marco de este Plan, e incluir sus indicadores en las herramientas técnicas necesarias para monitorear de manera rigurosa su implementación”, se lee en el informe.

Entre las recomendaciones parcialmente incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aparecen las siguientes:

- La recomendación 9.7, que hace referencia a la adecuación de los programas de rehabilitación e indemnización de víctimas de la fuerza pública.

- La recomendación 11.1, que se concentra en fortalecer los programas de atención en salud integral.

- La recomendación 22, que desarrolla temas sobre la estigmatización por parte de los servidores públicos.

- La recomendación 23.2, que versa sobre la implementación con suficientes recursos del programa de protección colectiva de comunidades rurales.

También mencionan que se integraron parcialmente las recomendaciones específicas para generar condiciones de igualdad material para todas las personas con la creación del Ministerio de Igualdad y a través de la construcción colectiva de lineamientos curriculares para una formación integral con enfoque diferencial, territorial, ambiental, de género y antirracial, esto último incluido en el artículo 124 del PND.

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Según el análisis, en el PND no se incluyeron 53 recomendaciones vinculadas a temas de impunidad, a la justicia, transformaciones culturales y narcotráfico. Algunas de ellas estaban relacionadas con temas como la creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación, un pacto político nacional, la reforma política, reformas normativas que reglamentan la protesta y la movilización social, la independencia y transparencia a nivel judicial, el reconocimiento de las víctimas del sistema judicial o el a la justicia local.

Asimismo, otros subtemas como el desarrollo de procesos de descentralización, autonomía territorial y organización político-istrativa, el equitativo, democrático y ambientalmente sostenible a la tierra y los territorios, incluyendo la prevención y reversión del despojo de territorios, la publicación de archivos de inteligencia y de violaciones a los Derechos Humanos, la reglamentación de empresas de seguridad privada y del control y comercio de armas y la educación para una cultura de paz.

Hay que recordar que el texto final de la Comisión de la Verdad fue entregado el 28 de junio del 2022 tras tres años, seis meses y 28 días de investigación e incluyó los principales esclarecimientos sobre lo que ocurrió en el conflicto armado que ha sufrido el país durante décadas y las recomendaciones para prevenir y no repetir nunca más la crueldad de la guerra.

El Comité está conformado por Armando Wouriyu Valbuena, líder de la nación originaria Wayúu; Angelika Rettberg, codirectora del Gender, Justice, and Security Hub del London School of Economics (LSE); Wilson de Jesús Castañeda, politólogo y filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana; Julia Eva Cogollo, líder afro y especialista en protección integral a defensores de DD. HH.; Esther Marina Gallego, abogada y magíster en Derechos Humanos; Marco Romero Silva, especialista en Instituciones Jurídico-Políticas y Derecho Público; y Dorys Ardila Muñoz, jurista y máster en Derecho Internacional Público de la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos.